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La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo anda metida hasta el fondo revisando a varios profes que, además de estar frente a grupo, también se andan aventando cargos en los ayuntamientos… pero sin cumplir todos los requisitos que marca la ley.
Durante su comparecencia en el Congreso local, Álvaro Bardales Ramírez, titular de la dependencia, dejó clarito que el verdadero problema no es tener dos chambas, sino las omisiones, los traslapes de horario y los posibles conflictos de interés que se generan cuando no se atienden las responsabilidades como se debe.
En respuesta, la diputada Mónica Leanett Reyes defendió que sí puede existir compatibilidad entre dar clases y representar a un municipio, siempre que no haya choques de horario y que todo esté bien sustentado por la ley. Incluso pidió que se especifique cómo distinguir cuándo es legal y cuándo no.
INVESTIGAN A 700 SERVIDORES PÚBLICOS POR DOBLE PERCEPCIÓN
Bardales soltó que ya hay 700 funcionarios bajo la lupa porque no pidieron dictamen de compatibilidad ni transparentaron correctamente sus ingresos en sus declaraciones patrimoniales. Según explicó, esa omisión impide detectar si realmente cumplen con ambas funciones o si están dejando huecos en sus responsabilidades, lo que podría representar un gasto anual de 500 millones de pesos para el estado.
Además, dijo que también están haciendo verificaciones físicas en escuelas y ayuntamientos para checar si la gente realmente está donde debería estar.
“NO SE PUEDE ESTAR EN DOS LADOS A LA VEZ”
El contralor fue muy claro al señalar que, aunque existan normas de compatibilidad, hay un límite práctico: un docente con jornada completa difícilmente puede cumplir también con las obligaciones de un regidor o síndico, porque estos puestos requieren atención permanente, contacto con la ciudadanía, revisión de marcos legales y trabajo casi 24/7.
Bardales incluso cuestionó: si un profe está en una comparecencia en pleno horario escolar, ¿entonces quién está frente al grupo?
Para cerrar, reiteró que las revisiones siguen en marcha y que el propósito es evitar abusos, cuidar el erario y asegurar que el servicio público se desempeñe con responsabilidad y sin duplicidades que terminen afectando a la ciudadanía.
