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La presentación de la supercomputadora Coatlicue volvió a exhibir la tendencia del gobierno federal a anunciar megaproyectos sin explicar con precisión sus impactos, costos reales o riesgos. En la conferencia matutina, José Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, confirmó que la máquina costará 6,000 millones de pesos y que estará basada en unas 14,000 GPU distribuidas en miles de chasis, capaces de realizar 314,000 billones de operaciones, cifras que generan expectativas, pero también cuestionamientos sobre su viabilidad y transparencia.
Claudia Sheinbaum defendió que Coatlicue será un recurso público al servicio de la nación, aunque no explicó con detalle cómo se garantizará su uso equitativo ni cómo se evitarán cuellos de botella administrativos, considerando que la ubicación apenas será decidida hasta enero de 2026 por sus enormes exigencias de energía y agua. El discurso oficial insistió en que la inversión se recuperará rápidamente, pero sin una ruta financiera clara, lo que dejó dudas sobre la planeación real del proyecto.
El gobierno aseguró que Coatlicue será la supercomputadora más poderosa de América Latina y el pilar del Clúster Nacional de Supercómputo, que actualmente suma 9.45 petaflops con equipos de instituciones como la UNAM, el Cinvestav, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Sonora. Sin embargo, la administración federal evitó profundizar en la necesidad de reforzar infraestructura eléctrica, conectividad y sistemas de enfriamiento, condiciones que históricamente han sido problemas no resueltos en otros proyectos tecnológicos oficiales.
Entre los usos prioritarios, Pemex aparece como beneficiario central para analizar grandes volúmenes de datos sísmicos y geológicos. El plan también incluye predicciones de clima, estimaciones de disponibilidad de agua, modelado energético y procesamiento de datos fiscales del SAT para combatir la evasión. A pesar de ello, persiste la percepción de que el gobierno está confiando en una máquina de cómputo para resolver déficits estructurales que requieren estrategias más profundas y consistentes.
En el ámbito científico, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECIHTI, afirmó que Coatlicue permitirá procesar enormes bases clínicas y epidemiológicas que hoy son imposibles de manejar. No obstante, especialistas han señalado que la infraestructura de investigación en México carece de recursos humanos suficientes, por lo que la máquina, sin un plan integral de formación, corre el riesgo de operar muy por debajo de su potencial.
El calendario de construcción prevé 24 meses con fases de diseño, ingeniería, licitaciones, obra civil, instalación y pruebas, mientras se forma un consejo directivo encabezado por la ATDT y la SECIHTI. Durante ese tiempo, el gobierno recurrirá al Barcelona Supercomputing Center y a instituciones de India para procesar proyectos y capacitar especialistas mexicanos, una señal de que el país aún no cuenta con la experiencia necesaria para administrar tecnología de este nivel.
A pesar del entusiasmo oficial, la puesta en marcha de Coatlicue dependerá de resolver problemas estructurales, garantizar financiamiento transparente y asegurar que la capacidad generada no se concentre en unos cuantos organismos públicos. De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de convertirse en otro anuncio ambicioso del gobierno federal que no logra reflejarse en beneficios tangibles para la población.
