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La administración de Claudia Sheinbaum intenta virar con urgencia ante la reciente caída del PIB de 0,3 %, lanzando un plan emergente de inversiones junto al sector privado para evitar una debacle mayor. En una reunión fuera de los reflectores con el magnate Carlos Slim y empresarios de alto perfil como ejecutivos de HSBC, la mandataria y su equipo revisaron los obstáculos que han frenado la inversión productiva y prometieron activar proyectos de infraestructura, vivienda y conectividad.
El plan contempla una nueva Ley de Inversiones en Infraestructura para el Bienestar, orientada a sustituir las asociaciones público-privadas tradicionales. Con ella, se pretende movilizar recursos de fondos de inversión, afores y bancos hacia obras de impacto social y con retorno rentable. La meta oficial: llevar la inversión en infraestructura al 29 % del PIB hacia 2030.
Aun así, los datos recientes pintan un panorama sombrío: la inversión fija bruta sufrió una caída anual del 9 %, con la construcción y la adquisición de maquinaria y equipo en niveles mínimos desde 2021. Ese derrumbe, sumado al estancamiento en producción petrolera y la incertidumbre frente a las políticas comerciales de Estados Unidos, ha socavado la confianza del sector privado.
Desde Palacio Nacional, se argumenta que la fórmula público-privada es la única alternativa plausible sin una reforma fiscal realista a la vista, ya que el presupuesto aprobado para 2026, aun con ajustes, no alcanza para impulsar una reactivación significativa. Esa presión explica por qué Sheinbaum acelera las negociaciones con empresarios y plantea reformas estructurales mientras el país se tambalea.
Sin embargo, expertos y críticos coinciden en que este tipo de planes —sin claridad en plazos, sin garantías de distribución equitativa, y sin resolver los cuellos de botella que han afectado las inversiones históricamente— se parecen más a promesas políticas que a soluciones reales. La dependencia del capital privado y la falta de un marco regulatorio robusto despiertan escepticismo sobre su eficacia.
Si bien la recuperación lenta que proyecta el sector financiero podría permitir una ligera remontada, las proyecciones oficiales del crecimiento del PIB para 2025 fueron recortadas de 0,4 % a 0,2 %, lo que deja en evidencia que el llamado plan emergente podría no evitar un cierre de año gris y decepcionante.
