amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avaló esta noche el dictamen de la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General de Salud y prohibir de manera absoluta los vapeadores y cigarrillos electrónicos. La propuesta también amplía facultades sanitarias y regula la compra consolidada de medicamentos, aunque la votación estuvo marcada por desacuerdos y advertencias sobre los riesgos de criminalizar a los consumidores.
A pesar de que la mayoría defendió la necesidad de eliminar estos dispositivos por sus efectos nocivos, legisladores de oposición subrayaron el carácter desproporcionado de las penas planteadas y alertaron que esta reforma podría detonar un mercado negro masivo, escenario que el propio gobierno federal ha sido incapaz de controlar en otros ámbitos. La iniciativa avanzó con 27 votos a favor, 8 en contra —incluido el de Greycy Durán, del PT— y una abstención de la petista Martha Aracely Cruz.
Casandra de los Santos, del PVEM, respaldó el proyecto al argumentar que, además de prohibir los vapeadores, fortalece servicios como la telemedicina y mejora procesos de abasto de medicamentos mediante compras consolidadas. También celebró que se amplíen las atribuciones de la Cofepris para supervisar productos peligrosos y que se dé un impulso a la industria farmacéutica nacional. No obstante, críticos señalan que estas medidas quedan opacadas por el giro punitivo de la iniciativa presidencial.
Desde Morena, Fernando Castro Trenti insistió en que el proyecto no pretende encarcelar a quienes posean un vapeador, sino únicamente combatir el mercado ilegal. Su compañero de bancada, Armando Fernández Samaniego, lamentó que la oposición, al rechazar la propuesta, termine defendiendo productos que se vendieron a jóvenes con publicidad engañosa. Sin embargo, las definiciones del texto legal contradicen estas afirmaciones y han despertado preocupación por su severidad.
En contraste, Iraís Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, calificó la prohibición total como una de las medidas más punitivas vistas en años. Advirtió que el artículo 282 Quater de la Ley General de Salud contempla cárcel incluso por la simple posesión, con penas de uno a ocho años, superando sanciones por delitos como lesiones o portación de armas sin licencia. Afirmó que el país necesita regulación inteligente, no castigos desmedidos que criminalicen decisiones de consumo personal.
También Ana Isabel González, del PRI, alertó que prohibir y penalizar en estos términos solo volverá más tentadores los dispositivos, incentivará la venta clandestina y colocará a usuarios comunes en escenarios de criminalización. Desde el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó además otros cambios preocupantes del dictamen, como modificar las reglas del Fondo de Salud para el Bienestar para que un comité burocrático pueda disponer de recursos destinados a pacientes con enfermedades graves, abriendo la puerta a usos ajenos a su propósito original.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno, donde continuará un debate que exhibe nuevamente los vacíos, contradicciones y el énfasis punitivo característico del gobierno federal y de las reformas promovidas por Morena.
