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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vivió este miércoles una de sus discusiones más tensas desde su renovación reciente, al debatir un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf sobre la posibilidad de anular juicios ya concluidos incluso cuando existan señalamientos de fraude procesal. El planteamiento desató un choque abierto entre ministros que ven en esta vía un mecanismo para corregir injusticias y quienes consideran que romper la cosa juzgada pondría en riesgo la certeza jurídica del país.
Durante la sesión, Ortiz Ahlf recordó que desde el anterior Pleno defendió, junto con otros ministros, la existencia de vías procesales que permiten dar trámite a acciones de nulidad en casos donde se presume fraude. Sostuvo que la falta de una regulación explícita no basta para cerrar la puerta a un juicio autónomo cuyo propósito sea evidenciar irregularidades graves que hayan distorsionado una sentencia.
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que la cosa juzgada es una de las instituciones más relevantes del derecho, esencial para que los ciudadanos confíen en que las resoluciones del sistema judicial adquieren firmeza. Aseguró que si la ley no establece un límite para impugnar una sentencia, la Corte no tiene por qué inventarlo, y alertó que abrir la puerta a la revisión indefinida de resoluciones concluidas minaría por completo la seguridad jurídica.
A esta postura se sumó la ministra María Estela Ríos, quien advirtió que permitir la impugnación de sentencias firmes mediante la invocación de fraude procesal podría convertir cualquier litigio en un proceso interminable. Señaló que mantener la certeza jurídica es indispensable y que flexibilizar la cosa juzgada solo llevaría a más incertidumbre en los tribunales.
En sentido contrario, la mayoría del Pleno se mostró abierta a permitir la nulidad de juicios concluidos cuando existan indicios de actos indebidos. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que si una resolución se obtuvo mediante acciones fraudulentas, el tribunal debe tener la facultad de reabrirla y evaluar si hubo acuerdos irregulares entre las partes o la autoridad. Irving Espinosa Betanzo añadió que esta figura existe para corregir injusticias graves y funciona como una excepción legítima al principio de cosa juzgada.
La ministra Lenia Batres Guadarrama también rechazó lo que llamó una aplicación rígida del principio, pues ello podría avalar actos contrarios al debido proceso. Se sumó a quienes piden una instancia que permita revisar casos donde la sentencia sea producto de un procedimiento viciado, y apuntó que la cosa juzgada no debe entenderse como un concepto absoluto cuando se trata de proteger derechos.
Al final, tres ministros —María Estela Ríos, Yasmín Esquivel y Arístides Guerrero García— respaldaron el proyecto que considera improcedente anular un juicio concluido, mientras que Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, Lenia Batres, Loretta Ortiz, Giovanni Figueroa y Hugo Aguilar votaron en contra, al estimar que sí debe existir un mecanismo para revisar resoluciones obtenidas bajo un proceso fraudulento.
