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A trece horas de haberse instalado la mesa de negociación entre el gobierno federal y los grupos de productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación informó que los manifestantes aceptaron retirar de inmediato todos los bloqueos carreteros que mantenían activos en distintas regiones del país. La medida busca restablecer el libre tránsito y permitir el paso de servicios de emergencia, luego de días de afectaciones que el gobierno tardó en atender con claridad.
La Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se mantendrá disponible para dar seguimiento a las demandas relacionadas con el sector agrícola y el transporte, así como para entregar apoyos directamente en territorio. Sin embargo, la dependencia tuvo que instalar tres mesas de trabajo adicionales —seguridad en carreteras, marco legal del agua y problemáticas del campo— como respuesta tardía a reclamos que ya habían escalado por la falta de soluciones oportunas del Gobierno de México.
Durante la reunión de esta tarde, las autoridades expusieron los programas y acciones institucionales que supuestamente se implementarán en los estados para atender las exigencias de los manifestantes. David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional de Transportistas, celebró que se lograran acuerdos positivos, aunque admitió que persiste el descontento, especialmente por la necesidad de crear una Fiscalía Especializada en delitos en carretera, algo que evidencia la incapacidad federal para garantizar seguridad básica en las vías.
Estévez Gamboa destacó que, tras los acuerdos, las denuncias por delitos ya no quedarán en fiscalías comunes y que los retenes arbitrarios operados por policías estatales y ministeriales deberán quedar bajo supervisión de la Guardia Nacional, una medida que refleja las fallas de control que el gobierno permitió durante años. También solicitaron cámaras de vigilancia y paraderos seguros, exigencias mínimas ante la creciente extorsión en rutas carreteras.
Por parte del sector agrícola, Baltazar Valdés del Frente Nacional para el Rescate del Campo señaló avances con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo el compromiso de resolver pagos pendientes de trigo y maíz. Indicó que aún revisarán observaciones a la Ley del Agua y analizarán temas como créditos, precios de garantía y la exclusión de granos básicos y oleaginosas. Finalmente, Eraclio Rodríguez, representante de Campesinos de Sinaloa, confirmó acuerdos con Conagua sobre el tratamiento de agua y pozos, un punto que también había generado tensiones por la insuficiencia de respuestas del gobierno federal.
