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El pleito entre el Departamento de Justicia (DOJ) y los jueces de inmigración volvió a prenderse, amiks, porque este viernes el Gobierno de Donald Trump le pidió directamente a la Corte Suprema que meta mano y bloquee una demanda que lleva rato dando vueltas.
Todo comenzó por una política interna que exige que los jueces de inmigración pidan permiso antes de dar cualquier opinión personal en público. El antiguo sindicato que los representaba —y que también forma parte del DOJ— armó una demanda argumentando que esa regla les pisa su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda.
La bronca ahora no es solo qué tanto pueden decir públicamente estos jueces, sino dónde debe resolverse el tema: si en tribunales federales o en las agencias independientes que comúnmente revisan casos de trabajadores federales. El detalle es que Trump trae atoradas a esas agencias desde hace tiempo, moviéndole las fichas para cambiar a sus líderes, algo que la Corte Suprema ya le había permitido momentáneamente.
De hecho, un tribunal de apelaciones en Washington falló este viernes a favor de Trump, diciendo que el Congreso no puede limitar la capacidad del presidente para remover a funcionarios que tienen poder ejecutivo de peso. Y como la Corte ya ha dado señales en casos recientes, se espera que termine inclinándose hacia el mismo lado.
En mayo, por ejemplo, avalaron que Trump pudiera separar temporalmente a personal clave de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Y este lunes la Corte escuchará un caso todavía más grande: uno que define si el presidente puede correr a líderes de agencias independientes que, en teoría, deberían estar a salvo de los vaivenes políticos de la Casa Blanca.
En este contexto, la apelación presentada este viernes podría marcar un precedente fuerte para todo el personal federal, ya que podría cerrar los tribunales federales como vía para presentar reclamos laborales y obligar a que todo se resuelva dentro de estas agencias. La movida llega además en medio de una campaña del Gobierno para reconfigurar —o derechamente purgar— al cuerpo de jueces de inmigración.
El DOJ advirtió que, si la Corte Suprema no interviene, el fallo del 4º Circuito a favor de los jueces podría desatar un caos legal. “Solo este tribunal puede frenar la incertidumbre constante y creciente en innumerables casos”, señaló D. John Sauer, procurador general, en su escrito.
Antes, un tribunal federal de distrito había respaldado al Gobierno, diciendo que las reclamaciones de los jueces debían pasar primero por las agencias administrativas. Pero el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito revirtió esa decisión este año, pidiendo revisar si esas agencias realmente funcionan como el Congreso planeó.
En esa resolución, el tribunal recalcó que el “principio fundamental” de que las agencias independientes deben recibir, revisar y decidir en primera instancia las quejas laborales de empleados federales se ha visto tambaleado últimamente.
Por eso, Sauer pidió al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitir una orden administrativa rapidito para detener que el tribunal de distrito siga con esa revisión mientras se define el asunto a mayor escala.
Ahí está el chisme legal, notiamigs: técnico, enredado, pero con implicaciones que pueden mover todo el tablero federal.
