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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ya puso en marcha un proyecto enorme: digitalizar 50 mil expedientes y meterles análisis automatizado usando herramientas de inteligencia artificial jurídica, con el fin de agilizar la chamba y darle mejor seguimiento a cada carpeta.
Este movimiento viene después de que la Oficialía Mayor cerró la licitación donde la empresa Centro de Tecnologías del Sureste SA de CV salió ganadora para encargarse de todo el proceso por 41 millones 374 mil 300 pesos.
Según la convocatoria, la idea es convertir todos los documentos físicos en archivos digitales totalmente legibles, ordenaditos y listos para que el sistema les haga un análisis semántico mediante OCR de alta precisión.
Además, cada carpeta pasará por un análisis jurídico automatizado, capaz de generar diagnósticos procesales, detectar inconsistencias, ubicar qué falta y hasta proponer rutas legales basadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cada expediente tendrá un código único, quedará registrado en una plataforma especial y deberá incluir detalles como área de origen y su estado de conservación, ya sea bueno, regular o derechito al área de “deteriorado”.
Los archivos también deberán estar preparados para identificar terminología técnica de áreas como derecho, medicina, criminalística y funciones ministeriales, para que el modelo pueda interpretar todo sin fallas.
Parte clave del proyecto es un modelo de lenguaje entrenado en normatividad mexicana y la lógica del sistema penal acusatorio, capaz de revisar si existe noticia criminal o un acto de investigación válido, verificar hechos con apariencia de delito, analizar elementos del tipo penal y evaluar la posible participación de quien aparece como imputado.
La IA también deberá detectar actos procesales injustificados, errores, contradicciones en declaraciones, dictámenes flojos, documentos sin firmas o sellos, duplicados y hasta archivos ilegibles.
Después de revisar todo, el sistema generará conclusiones en lenguaje claro, con fundamento jurídico y explicaciones sobre si la carpeta debe avanzar, cerrarse o corregirse. Todo esto simulando el razonamiento de un agente del Ministerio Público experimentado, para que la institución tome decisiones con más certeza.
Otro punto importante es que la herramienta emitirá un diagnóstico automatizado, ubicando cada carpeta en categorías como: incompleta, apta para archivo temporal, lista para no ejercicio de acción penal, con potencial de acuerdo reparatorio, susceptible a criterio de oportunidad, con elementos para judicializar, aplicable para sobreseimiento, prescripción o incluso cuando el imputado ya falleció.
