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La Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea juzgada por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El caso gira en torno a la obtención de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida el 7 de octubre de 2004 en instalaciones de la paraestatal.
De acuerdo con información difundida por la propia FGR, la investigación sostiene que Casar habría intervenido para acceder de manera indebida a una pensión posmortem, pese a que Márquez Padilla solo laboró 129 días en un cargo directivo de Pemex, al que ingresó el 1 de junio de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. El entonces director de la empresa, Octavio Romero Oropeza, reveló en mayo de 2024 que la pensión comenzó a pagarse apenas un día después del fallecimiento.
En ese momento, Pemex señaló que el cobro mensual de alrededor de 125 mil pesos habría generado un daño patrimonial cercano a los 31 millones de pesos. Aunque los peritajes concluyeron que la muerte fue un suicidio tras caer de una ventana del piso 12 del edificio central, la FGR sostiene que el mecanismo mediante el cual se autorizó la pensión presenta irregularidades que ameritan responsabilidad penal.
Documentos del Poder Judicial de la Federación confirman que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial contra Casar y dos personas más, por el delito previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal. Esta figura penal no solo aplica a servidores públicos, sino también a particulares que soliciten, promuevan o participen en la obtención indebida de beneficios económicos provenientes de instituciones públicas.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contempla penas que van de seis meses a 12 años de prisión, además de multas económicas. La audiencia inicial está programada para el 16 de diciembre, fecha en la que la FGR expondrá formalmente los resultados de la investigación y las conductas que se imputan a los señalados. Al no tratarse de un delito grave, los acusados podrían enfrentar el proceso en libertad en caso de ser vinculados.
El caso ha generado un fuerte contraste político, ya que Casar encabeza una organización que se presenta como vigilante del combate a la corrupción, mientras enfrenta ahora una acusación penal por el presunto uso indebido de recursos públicos. Aunque Pemex suspendió la pensión en febrero de 2024, un juzgado laboral ordenó su restitución tras un amparo promovido por Casar, lo que añade un nuevo frente judicial a un expediente que el gobierno federal ha decidido llevar hasta los tribunales.
