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Viajar en avión dentro de Estados Unidos se convirtió en una nueva herramienta para la política migratoria del gobierno de Donald Trump. De forma discreta, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a compartir listas de pasajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha permitido detenciones y deportaciones directamente en los aeropuertos.
De acuerdo con documentos internos, la TSA envía varias veces por semana los nombres de personas que pasarán por los filtros de seguridad. Con esa información, el ICE cruza datos con su base de órdenes de deportación y, si hay coincidencias, despliega agentes para detener a los viajeros antes de abordar.
Aunque las autoridades no han precisado cuántas detenciones se han logrado, un exfuncionario del ICE aseguró que en alrededor del 75% de los casos marcados hubo arrestos. Uno de los ejemplos más visibles fue el de Any Lucía López Belloza, estudiante universitaria de 19 años, detenida el 20 de noviembre en el aeropuerto Logan de Boston y deportada a Honduras dos días después.
La colaboración entre la TSA y el ICE arrancó en marzo, rompiendo con una práctica histórica: evitar acciones migratorias en vuelos nacionales. Para críticos y exfuncionarios, esto tensa la seguridad aeroportuaria, alarga tiempos de espera y genera miedo entre los pasajeros.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional, el mensaje es claro. “La única razón para volar, si estás en el país ilegalmente, es para autodeportarte”, dijo Tricia McLaughlin, vocera de la dependencia.
Exfuncionarios del ICE reconocen que el esquema ayuda a inflar las cifras de deportaciones, una meta prioritaria para la Casa Blanca. Stephen Miller, asesor clave del presidente, incluso planteó un objetivo de 3 mil detenciones diarias y presionó a las agencias para acelerar resultados.
El caso de López generó especial atención porque no tenía antecedentes penales y cursaba su primer año en Babson College. Viajaba a Texas para pasar Acción de Gracias con su familia, cuando su pase de abordar dejó de funcionar. Minutos después, agentes federales ya la estaban esperando.
Organizaciones civiles calificaron el programa como una estrategia de intimidación. “Esto hará que la gente tenga miedo incluso de salir de casa”, advirtió Human Rights First.
Los documentos revelan que una oficina del ICE en California, el Pacific Enforcement Response Center, centraliza la información de vuelos y la distribuye a agentes locales, incluyendo número de vuelo, horario y hasta fotografías, a veces con solo horas de anticipación.
Y López no es la única. En octubre, Marta Brizeyda Renderos Leiva, de El Salvador, fue detenida en el aeropuerto de Salt Lake City en una escena captada en video que rápidamente se viralizó.
Mientras el gobierno de Trump explora otras bases de datos para localizar migrantes, como intentó hacerlo con información del IRS (frenado por un juez), los aeropuertos se han vuelto un punto clave para acelerar deportaciones.
Hoy, desde Honduras, Any Lucía López Belloza intenta retomar sus estudios. Extraña a su familia, ir a la iglesia y la comida de su mamá. “Pensaba en todo lo que iba a hacer con ellos… y de pronto, todo cambió”, dice.
