amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
La Fiscalía General de la República negó tajantemente que actúe bajo instrucciones políticas en la investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, luego de que se diera a conocer la judicialización de una carpeta en su contra por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con una pensión otorgada por Pemex en 2004.
A través de un mensaje difundido en la red social X, la FGR afirmó que es absolutamente falso que la institución trabaje por consigna, como se ha señalado en publicaciones y redes sociales. Sostuvo que el Ministerio Público Federal analiza de manera detallada la indagatoria para verificar que haya sido integrada conforme a derecho, intentando desmarcarse de los señalamientos de persecución selectiva.
La acusación fue revelada por La Jornada, que informó que la Fiscalía busca que Casar sea juzgada por su probable intervención en la obtención de una pensión vitalicia tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien murió el 7 de octubre de 2004 al caer de un edificio de Pemex. El caso ha sido retomado más de dos décadas después, en un contexto político marcado por el enfrentamiento del gobierno con organizaciones civiles críticas.
Como antecedente, en mayo de 2024 el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló públicamente que Márquez Padilla trabajó únicamente 129 días en la paraestatal y que, pese a ello, se autorizó el pago de una pensión post mortem a partir del día siguiente a su muerte. En ese mismo espacio, se acusó a Casar de haber causado un daño patrimonial por 31 millones de pesos, al recibir pagos mensuales de 125 mil pesos.
La FGR aclaró que la carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre y no recientemente, como se ha difundido, aunque evitó explicar por qué el caso cobró relevancia pública justo ahora. La audiencia inicial está programada para el próximo martes, en un proceso que no contempla prisión preventiva automática y que permitiría a los imputados enfrentar el juicio en libertad.
Pese a la defensa institucional, el caso ha despertado fuertes cuestionamientos debido a que Casar encabeza una de las organizaciones más críticas del actual régimen y de Morena. Para sectores de la oposición y analistas, la reactivación del expediente refuerza la percepción de que la Fiscalía, lejos de ser autónoma, opera en sintonía con los intereses políticos del poder federal.
Aunque la FGR insiste en que actúa exclusivamente bajo el marco jurídico y sin sesgos, el contexto político, la selectividad de los casos y el discurso reiterado del gobierno contra organizaciones civiles mantienen abierta la sospecha de que la justicia se utiliza como herramienta de presión, una práctica que contradice la narrativa oficial de legalidad, autonomía y combate genuino a la corrupción.
