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Juan Bernardo Corona Martínez, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, seguirá prófugo luego de que una jueza federal le negara el amparo con el que buscaba frenar la orden de aprehensión girada en su contra por el presunto desvío de más de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles policiales en la entidad.
La resolución fue emitida por el juzgado noveno de distrito en materia penal en la Ciudad de México, donde Corona Martínez también intentó impugnar una orden de comparecencia y presentación. Las autoridades federales lo acusan de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, delitos considerados de alto impacto y vinculados al manejo irregular de recursos públicos en el sexenio de Aureoles.
La jueza Viridiana Berenice Quiroz determinó que los argumentos del ex funcionario eran infundados y rechazó que existieran violaciones a sus derechos de legalidad, seguridad jurídica o debido proceso. En su resolución, concluyó que la orden de aprehensión cumple con los requisitos constitucionales y con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El fallo también respaldó el criterio de la jueza de control que previamente había advertido la imposibilidad de localizar al ex secretario en el domicilio reportado ante la autoridad. La resolución señala que, pese a verificaciones y vigilancia, Corona Martínez no ha sido ubicado y que existen indicios de movilidad constante, incluso con capacidad para salir y entrar del país y trasladarse entre distintas entidades federativas, donde se detectaron inmuebles vinculados a su nombre.
La jueza consideró además que, dadas las circunstancias del caso y la magnitud de los recursos presuntamente desviados, existe una necesidad justificada de cautela por parte de la fiscalía. Indicó que otras medidas menos severas no garantizarían su comparecencia ante la justicia, especialmente ante la gravedad de los delitos imputados.
El caso forma parte de una investigación más amplia que ya derivó en la vinculación a proceso de al menos cuatro ex colaboradores del gobierno de Silvano Aureoles. Desde febrero pasado, una jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente giró órdenes de captura tanto contra Aureoles Conejo como contra Corona Martínez y otros ex funcionarios involucrados.
Mientras algunos de los implicados ya enfrentan procesos judiciales, la negativa del amparo consolida la condición de prófugo del ex jefe de Seguridad Pública y refuerza la presión sobre el círculo cercano del ex gobernador michoacano, en uno de los casos de presunto saqueo al erario estatal más voluminosos de los últimos años.
