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La violencia de género volvió a mostrar su peor rostro en Culiacán, Sinaloa. Astrid Yáñez, de 26 años, y su hijo Dante, de apenas seis, fueron asesinados presuntamente por Jesús Fernando “N”, expareja de ella y padre del menor, quien hoy enfrenta prisión preventiva por feminicidio e infanticidio.
De acuerdo con la investigación, la noche del 28 de diciembre, el agresor ingresó a la vivienda donde vivían madre e hijo. Los atacó con un arma blanca y luego incendió la casa con ambos dentro, en un intento por desviar la atención entre los hechos violentos que ya se vivían en la ciudad. El crimen ocurrió tras meses de amenazas y años de incumplimiento de sus obligaciones como padre.
Astrid había denunciado legal y públicamente a Jesús Fernando “N” como deudor alimentario y también se había manifestado contra su intento de postularse a un cargo público en Culiacán, señalando la incongruencia de aspirar a un puesto mientras evadía su responsabilidad parental. Tras estas acciones, las amenazas se intensificaron.
Después del ataque, el presunto agresor acudió a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde afirmó haber sido víctima de una agresión. El personal médico lo identificó y dio aviso a las autoridades, lo que derivó en su detención y posterior vinculación a proceso.
El caso provocó una fuerte reacción de colectivas feministas y organizaciones civiles. El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios y Ley Sabina acusó al Estado mexicano de omisión y negligencia, al no garantizar protección efectiva a mujeres que denuncian violencia y abandono económico. Exigieron justicia para Astrid y Dante y que el responsable reciba la pena máxima.
Diana Luz Vázquez, fundadora del Frente, denunció que durante el proceso judicial el agresor habría intentado justificarse alegando esquizofrenia, lo que calificó como un recurso legal para evadir la responsabilidad penal. “Son artilugios para proteger a feminicidas”, señaló, al tiempo que recordó que la mayoría de los agresores vicarios también son deudores alimentarios.
Las cifras respaldan la gravedad del problema. Según el INEGI, más de 4 millones de hogares en México tienen padres ausentes y tres de cada cuatro hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, lo que deja a miles de mujeres expuestas no solo a la carga económica, sino también a violencias psicológicas, físicas y amenazas constantes.
Desde el Frente hicieron un llamado a las madres que enfrentan este tipo de violencia a no normalizar conductas de riesgo, evitar encuentros privados con sus agresores, documentar amenazas y guardar evidencias, siempre priorizando su seguridad y la de sus hijas e hijos.
“No podemos hablar de un sistema de cuidados si no hay justicia para las infancias”, advirtió Vázquez, quien recalcó que el caso de Astrid refleja un patrón: mujeres que denuncian, autoridades que no actúan y agresores que siguen libres… hasta que ocurre una tragedia.
El mensaje final es claro: ni el nombre de Astrid ni el de Dante deben quedar en el olvido. Las colectivas insisten en que visibilizar a los deudores alimentarios salva vidas y que no es normal abandonar, ni dejar de cumplir con la pensión, ni ejercer violencia.
👉 Este caso duele, indigna y exige algo más que lamentos. La justicia llega tarde cuando el Estado no actúa a tiempo. Que no se repita. 💜✊
