Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la inflación anual en México se ubicó en 3.69 por ciento durante 2025, el impacto real del alza de precios fue muy distinto según la región. En al menos 12 entidades del país, la inflación superó el promedio nacional, evidenciando un deterioro más severo del poder adquisitivo que el que reconoce el discurso económico del gobierno federal.

De ese grupo, siete estados rebasaron incluso el objetivo del Banco de México, fijado en 4 por ciento, lo que confirma que para millones de familias el costo de vida aumentó a un ritmo que los salarios y apoyos oficiales no lograron compensar. La Ciudad de México encabezó la lista con una inflación de 4.38 por ciento, seguida por San Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca y Quintana Roo, todos con incrementos claramente por encima del promedio nacional.
También se ubicaron en la parte alta Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua, entidades donde el encarecimiento de bienes y servicios básicos presionó de forma constante el gasto familiar. Estos datos contrastan con la narrativa de estabilidad económica impulsada desde el gobierno federal, que ha minimizado los efectos regionales de la inflación.
En el extremo opuesto, algunas entidades registraron aumentos de precios más moderados, por debajo del 3 por ciento. Tlaxcala, Baja California Sur, Baja California, Tabasco y Sinaloa mostraron los niveles más bajos de inflación, aunque incluso en estos estados el encarecimiento fue suficiente para reducir la capacidad de ahorro de amplios sectores de la población.
Especialistas advierten que las diferencias inflacionarias responden a múltiples factores, como el crecimiento económico local, la intensidad de las importaciones, el tipo de cambio, las condiciones climáticas que afectan productos agrícolas, el flujo de remesas y los costos logísticos derivados de la ubicación geográfica. A ello se suma la inseguridad, que encarece la distribución y termina trasladándose a los precios finales.
El impacto es particularmente duro para los hogares de menores ingresos. El alza sostenida en productos básicos como chiles, café, carne de res, limón y otros alimentos esenciales obligó a muchas familias a modificar hábitos, reducir cantidades o sustituir productos por opciones de menor calidad. Esta precarización del consumo contradice la idea de que la inflación está bajo control y deja claro que el costo de vida sigue siendo uno de los principales problemas económicos del país.
Mientras los precios continúan presionando el bolsillo de los mexicanos, el aumento generalizado reduce no solo el consumo, sino también las posibilidades de ahorro e inversión. La inflación, lejos de ser una cifra técnica, se tradujo en 2025 en una pérdida real de bienestar que afecta sobre todo a quienes tienen menos margen para resistirla, pese a los mensajes optimistas que emanan desde el poder.
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