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El Gobierno de México trasladó el martes 20 de enero de 2026 a Estados Unidos a 37 personas privadas de la libertad, todas vinculadas con organizaciones criminales de alto impacto. El operativo fue coordinado por el Gabinete de Seguridad y se realizó mediante siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un movimiento que confirma la creciente presión internacional sobre la estrategia de seguridad del país.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los trasladados eran requeridos por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, terrorismo y delincuencia organizada. Las personas se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios del país, incluido el penal del Altiplano, y fueron entregadas a diversas jurisdicciones de Estados Unidos.
Entre los reos enviados destacan operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización a la que se vincula a seis de los trasladados. Sobresale Armando Gómez Núñez, alias Delta 1 o MacGyver, identificado como líder de la célula Los Deltas, así como María del Rosario Navarro Sánchez, conocida como La Señora o La Chayo, señalada por delitos que incluyen tráfico de armas, personas y narcóticos, además de apoyo material a actividades terroristas.
También figuran líderes regionales del Cártel del Noreste, como Ricardo González Sauceda, alias Comandante Ricky o Mando R, con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, buscado por homicidio, terrorismo y privación ilegal de la libertad. Junto a él fue entregado Heriberto Hernández Rodríguez, alias Negrolo, ambos requeridos por autoridades de Texas.
El traslado incluyó a operadores relevantes de la organización de los Beltrán Leyva, como Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla, y a integrantes de distintas células del Cártel del Pacífico, entre ellos Daniel Alfredo Blanco Joo, alias El Cubano, considerado objetivo prioritario por agencias estadounidenses por su papel en el tráfico de drogas hacia ese país.
La lista también contempla a miembros de Los Zetas y del Cártel del Golfo, así como a un grupo adicional de 18 personas sin una adscripción criminal única, pero requeridas por distintas cortes de Estados Unidos. Entre ellos hay perfiles dedicados al tráfico de personas, narcóticos y precursores químicos, algunos con décadas de operación delictiva.
Aunque el gobierno federal presentó el traslado como un golpe relevante contra el crimen organizado, el operativo vuelve a exhibir una realidad incómoda: muchos de estos personajes operaron durante años en territorio mexicano antes de ser entregados. El movimiento, más que una victoria interna, refuerza la percepción de que la contención del crimen sigue dependiendo en gran medida de la intervención y presión de Estados Unidos.
