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La reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum pretende enviar al Congreso entró en una zona de riesgo político: Morena reconoció en San Lázaro que la falta de acuerdo con sus propios aliados, PT y PVEM, no solo complica el calendario, sino que abre la posibilidad real de que la iniciativa ni siquiera sea presentada. Así lo admitió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien aceptó que el tema ya mete presión en el bloque oficialista.
Monreal indicó que las reuniones entre los tres partidos continúan y que durante esta y la próxima semana seguirán los acercamientos para definir el contenido del proyecto. Señaló que ya comenzaron a discutirse asuntos de fondo y que se estaría avanzando en redacciones, luego de que Sheinbaum afirmara públicamente que ya existe un borrador con propuestas de modificación a artículos constitucionales.
El problema es que el reloj ya corre en contra del oficialismo. Monreal reconoció que los tiempos se ajustan cada día más y que el plazo para recibir la iniciativa presidencial vence en febrero, específicamente en la segunda semana. En otras palabras: la reforma, que se vende como prioridad política, está atrapada en la negociación interna de una alianza que Morena necesita pero que no controla del todo.
Y el punto más revelador fue la confesión política sin maquillaje: Monreal reiteró que sin el aval del PT y del PVEM no existe ninguna posibilidad de reforma constitucional. Ese reconocimiento, que en la práctica exhibe la dependencia de Morena para sacar adelante cambios de alto calado, dejó claro que la mayoría legislativa no es automática y que el proyecto electoral de Sheinbaum no avanzará si no hay disciplina y acuerdos previos.
Cuando se le preguntó si existía riesgo de que la iniciativa simplemente no se presentara, Monreal lo aceptó sin rodeos: el riesgo sigue vigente si no se logran entendimientos y acuerdos. Es decir, Morena no solo enfrenta obstáculos para aprobar la reforma, sino incluso para presentarla formalmente, lo que revela tensión interna, negociación dura y una alianza que se mantiene más por cálculo que por convicción.
En paralelo, Monreal también se pronunció sobre la compra de camionetas blindadas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que el hecho le preocupa porque contradice la filosofía del movimiento. Admitió que esas decisiones generan críticas y cuestionamientos legítimos frente a la población, y que quienes critican tienen razón, ya que el discurso de austeridad no puede convivir con actos de privilegio sin costo político.
Sin embargo, evitó pedir directamente que los ministros den marcha atrás. Aseguró que se trata de un asunto interno del Poder Judicial y dijo no querer intervenir para evitar que otros poderes se entrometan en su ámbito. Aun así, lanzó un mensaje indirecto: consideró que la Corte tendría que reflexionar y corregir, porque decisiones como esa alimentan el desgaste público de las instituciones y también golpean a la narrativa oficialista.
Al cierre, el cuadro es incómodo para Morena: mientras presume control legislativo y agenda transformadora, en San Lázaro su coordinador admite presión, fracturas con aliados y riesgo real de que una reforma clave de Sheinbaum se caiga incluso antes de llegar al pleno. Para un gobierno que busca imponer cambios estructurales, depender de negociaciones internas frágiles no es fortaleza: es vulnerabilidad expuesta.
