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La Fiscalía General de la República (FGR) ha denunciado que los jueces y magistrados federales han mostrado un claro sesgo e ilegalidad en favor de Emilio Lozoya, en detrimento del Estado mexicano y Pemex. Esto ocurrió después de que un Tribunal Colegiado desestimara pruebas bancarias presentadas por la FGR en su contra.
En un comunicado, la FGR acusó al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de desechar pruebas obtenidas en base a tratados internacionales que tienen un rango constitucional. Estos tratados se utilizan comúnmente en acciones de cooperación con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y han sido considerados legales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Fiscalía General advirtió que, recientemente, uno de los jueces otorgó beneficios ilegales a Emilio Lozoya, lo que va en contra del Código Penal Federal y la legislación vigente. La FGR considera que estas acciones del Poder Judicial demuestran una conducta indebida.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó la exclusión de pruebas bancarias que la FGR consideraba cruciales para demostrar supuestos sobornos de 10.5 millones de dólares que Emilio Lozoya recibió de la constructora brasileña Odebrecht.
En relación al proceso judicial contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, este revés legal ha dado lugar a una resolución a favor del acusado. El Tribunal Colegiado modificó la decisión del juez de control para admitir una prueba relacionada con el procedimiento judicial en Nueva York contra Odebrecht, pero excluyó las pruebas bancarias.
Es importante destacar que la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) pueden impugnar esta decisión del Tribunal Colegiado a través de un amparo.
