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La posible deportación de cerca de 350 mil haitianos en Estados Unidos encendió las alarmas en sectores clave, sobre todo en hospitales y centros de atención a adultos mayores, donde miles de ellos trabajan en áreas esenciales que hoy ya enfrentan escasez de personal.
Estas personas llegaron a EE.UU. tras el terremoto que devastó Haití en 2010 y recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual fue renovado durante años por la grave crisis de seguridad que vive su país, dominado por pandillas violentas y un sistema de salud colapsado. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump anunció el fin del programa, dejando a esta comunidad al borde de la deportación.
Aunque el cierre del TPS estaba previsto para esta semana, una jueza federal suspendió temporalmente la medida, dando un respiro a miles de familias que llevan más de una década viviendo y trabajando legalmente en territorio estadounidense.
Mientras el caso se define en tribunales, empleadores y organizaciones de salud se preguntan quién cubrirá puestos clave como auxiliares de enfermería, cuidadores en asilos, personal médico, cocineros, limpieza y mantenimiento.
“Los hospitales y los ancianos los necesitan”, advirtió Leonie Hermantin, directora de Proyectos Especiales de la organización Sant La, en Miami, donde se concentra la mayor población haitiana del país. Recordó que muchos de ellos arriesgaron su vida durante la pandemia de Covid-19 y su salida afectaría directamente a los pacientes.
Reemplazarlos no sería sencillo. Son trabajadores que, dicen sus empleadores, llegan primero, se van al final y siempre están dispuestos a cubrir turnos extra.
El impacto podría ser mayor a largo plazo. Rob Liebreich, director ejecutivo de Goodwin Living, organización dedicada al cuidado de personas mayores en Virginia y Washington D.C., explicó que el sector necesitará más de tres millones de trabajadores adicionales para 2040. “Es desgarrador perder a personas comprometidas que disfrutan cuidar a los adultos mayores”, señaló.
Además, destacó que la comunidad haitiana paga impuestos, fortalece economías locales y aporta más de lo que recibe.
Desde el gobierno, la postura es distinta. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aseguró que el TPS “no es un programa de asilo” y acusó que durante décadas ha sido politizado y utilizado indebidamente. También negó que la atención a adultos mayores dependa de inmigrantes sin verificación, argumento que organizaciones civiles rechazan.
Trabajadores haitianos demandaron al gobierno, al considerar que no se siguió el proceso legal adecuado y que la decisión estaría influida por prejuicios raciales, algo que la administración niega. La jueza Ana Reyes, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, cuestionó que se considere seguro el retorno a Haití, cuando el propio Departamento de Estado mantiene alertas de viaje.
Datos del Migration Policy Institute, con cifras del Censo de EE.UU. de 2023, indican que 111 mil haitianos trabajan en el sector salud, además de miles más en el cuidado de adultos mayores, un rubro ya golpeado por la falta de personal.
En respuesta, manifestaciones pacíficas se han multiplicado en distintas ciudades para exigir un camino hacia la residencia permanente. Muchos no solo temen por su seguridad si regresan a Haití, sino por el futuro de sus familias. “Algunos tienen hijos nacidos en EE.UU. ¿Qué pasará con ellos?”, cuestionó Hermantin.
El debate sigue, pero el mensaje es claro: sin los haitianos, la salud y el cuidado de los adultos mayores en EE.UU. quedarían en una situación crítica, 🩺💥
