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Al terminar su encargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán adquirió dos camionetas blindadas que formaban parte del parque vehicular del máximo tribunal, lo que ha reavivado el debate sobre privilegios y beneficios para altos funcionarios del Poder Judicial. La operación ocurrió poco antes de su retiro y se realizó con costos muy por debajo del valor de mercado.
Según documentos oficiales, Pérez Dayán se hizo de dos camionetas Jeep Grand Cherokee modelo 2020 con blindaje nivel cinco y poco kilometraje, pagando en conjunto cerca de 2.4 millones de pesos, equivalente aproximadamente a la mitad de lo que originalmente costaron dichas unidades. Las adquisiciones fueron avaladas por valuaciones técnicas del propio tribunal.
La compra formó parte de un mecanismo previsto en un acuerdo interno de la Corte vigente desde 2013, que permite a los ministros en retiro adquirir los vehículos que utilizaron durante sus funciones en un plazo limitado previo a dejar el cargo. Esta normativa ha generado controversia por permitir la salida de bienes públicos a precios reducidos.
No fue el único ministro que usó este esquema. Documentos revisados indican que la exministra Margarita Ríos Farjat también adquirió una unidad bajo las mismas condiciones, y el ex ministro Luis María Aguilar compró otra camioneta blindada en enero de 2025. En total, cuatro camionetas blindadas salieron del patrimonio de la Corte en medio de estos procesos.
Aunque la Corte asegura que los procedimientos se llevaron a cabo conforme a la normativa interna y con avalúos técnicos, la revelación de estas compras se ha dado en medio de un contexto de críticas públicas por el uso de recursos y bienes institucionales, especialmente cuando los mecanismos que permiten estas adquisiciones son poco conocidos por la ciudadanía.
La controversia se intensificó al mismo tiempo que la Suprema Corte afronta críticas por la adquisición de nuevas camionetas blindadas para sus actuales ministros, con costos que rondan los 2.4 millones de pesos por unidad, lo que ha sido señalado por sectores sociales como un exceso en tiempos de austeridad.
Si bien la compra de los vehículos por parte de Pérez Dayán y otros exministros se realizó bajo un marco legal interno, la discusión sobre privilegios, transparencia y uso de recursos públicos alrededor de estos bienes continúa, en un momento en que la opinión pública cuestiona las prácticas de altos mandos dentro de instituciones clave del Estado.
