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Un ciudadano de Dinamarca fue detenido en el puerto de Veracruz por su presunta responsabilidad en el intento de sustracción de una niña de ocho años, luego de que comerciantes del Malecón cercaran el hotel donde se hospedaba ante la tardanza de las autoridades. El caso generó indignación social por la respuesta policial y por las acusaciones de encubrimiento por parte del personal del establecimiento.
De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron la noche del domingo en el Paseo del Malecón, cuando el sujeto habría intentado llevarse a la menor hacia el hotel Emporio. La intervención de comerciantes y familiares evitó que el hecho se consumara, mientras elementos de la policía estatal finalmente realizaron la detención tras la presión ciudadana.
La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, junto con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, brindaron apoyo a la familia para resguardar a la menor. Sin embargo, el caso volvió a exhibir fallas graves en la actuación inmediata de las autoridades locales ante una situación de alto riesgo.
La alcaldesa morenista Rosa María Hernández Espejo ofreció respaldo a los familiares y aseguró que se dará seguimiento al caso, mientras la fiscalía lleva a cabo las diligencias correspondientes. No obstante, para los afectados, las palabras llegan tarde frente a una reacción institucional que consideran lenta y desorganizada.
Daniel López, comerciante del Malecón y padre de la menor, reprochó que la policía haya tardado cerca de media hora en llegar, pese a que se encontraba en las inmediaciones. Cuestionó el nivel de seguridad en una zona turística emblemática y la capacidad real del gobierno local para proteger a niñas y niños en espacios públicos.
Kevin López, hermano de la menor, acusó directamente al personal de seguridad del hotel de impedir el ingreso de comerciantes que intentaban retener al presunto agresor. Señaló que los vigilantes actuaron para proteger al extranjero, lo que elevó aún más la tensión y el enojo entre quienes presenciaron los hechos.
Ante la gravedad del caso, la familia pidió la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se garantice justicia pronta y se investiguen no solo los hechos, sino también las omisiones y posibles encubrimientos. El incidente deja al descubierto una cadena de fallas institucionales que, una vez más, ponen en duda la prioridad real que los gobiernos de Morena dan a la seguridad y protección de la infancia.
