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El aumento decretado por Gustavo Petro encendió el debate político, fue suspendido por el Consejo de Estado y ahora es protagonista rumbo a las elecciones.
El 30 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro expidió por decreto un incremento del 23,7 % al salario mínimo que comenzó a regir en enero. La cifra superó ampliamente las propuestas discutidas en la mesa de concertación: los gremios planteaban un 7 % y las centrales obreras un 16 %.
El anuncio generó entusiasmo entre los cerca de 2,4 millones de trabajadores formales que devengan el salario mínimo —equivalente a unos 545 dólares mensuales—, pero también fuertes críticas de empresarios y sectores de oposición, que calificaron el aumento como desmesurado y con tintes electorales.
La controversia escaló cuando, el 12 de febrero, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto tras varias demandas que cuestionan su sustento técnico y económico. El alto tribunal pidió al Gobierno justificar a fondo la medida. Cabe recordar que en 2025 el incremento había sido de 9,54 %.
Protestas y pulso institucional.
Tras la decisión judicial, Petro rechazó la suspensión y convocó a movilizaciones en defensa del aumento. El Gobierno ya presentó un recurso de súplica para intentar revertir la medida.
El debate no solo es jurídico, también político. Analistas consideran que el salario mínimo se convirtió en una carta clave rumbo a las elecciones legislativas del 8 de marzo y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), criticó lo que llamó un giro populista de algunos candidatos que inicialmente rechazaban el aumento y ahora piden mantenerlo.
Por su parte, columnistas como Álvaro Ayala y Jaime Honorio González advierten que el mandatario “gana con cara o con sello”: si el aumento se mantiene, capitaliza respaldo popular; si se cae, puede presentarse como defensor de los trabajadores frente a las élites económicas y judiciales.
Impacto económico en la mira.
Hasta ahora no se han registrado despidos masivos asociados al incremento, pero empresarios advierten posibles efectos en inflación, contratación formal y crecimiento económico a corto plazo.
Petro insiste en que el decreto responde a un mandato de justicia social y que protegerá el ingreso de los sectores más vulnerables, aunque asegura que respetará las decisiones judiciales.
Así, el salario mínimo dejó de ser solo una cifra económica para convertirse en el gran símbolo de la disputa política en Colombia, en medio de un ambiente electoral cada vez más polarizado.
👀 ¿Medida social histórica o estrategia electoral? El pulso apenas comienza.
