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El Congreso convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, luego de su aprobación definitiva en el Senado de la Nación Argentina. La llamada Ley de Modernización Laboral introduce cambios profundos en despidos, huelgas, jornadas y modalidades de contratación, en medio de protestas sindicales y fuerte debate público.
Entre los puntos clave, se modifican las bases de cálculo de las indemnizaciones por despido —lo que en la práctica abarata los costos para las empresas—, se habilita el “banco de horas” para compensar extras sin pago adicional, se amplía hasta 12 meses el período de prueba en pequeñas empresas y se limita el derecho a huelga al ampliar los servicios mínimos obligatorios. También se crea la figura del trabajador independiente para plataformas y se eliminan multas por irregularidades laborales, incentivando el blanqueo.
El Gobierno sostiene que la meta es generar empleo formal y atraer inversiones. Sindicatos y sectores opositores advierten que implica un retroceso en derechos conquistados desde la etapa de Juan Domingo Perón. La gran incógnita ahora es si la flexibilización logrará reactivar el mercado laboral o profundizará la tensión social en un país que ya vive tiempos económicos complejos.
