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Un tribunal federal ha revertido la orden de aprehensión emitida previamente contra Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública durante el mandato del expresidente Felipe Calderón. La Fiscalía General de la República (FGR) lo había acusado de enriquecimiento ilícito.
En una sesión, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, ubicado en la Ciudad de México, ha confirmado de manera unánime la anulación de la orden de aprehensión previamente emitida por el Ministerio Público federal en contra de García Luna. Cabe señalar que García Luna se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos por cinco cargos relacionados con el crimen organizado.
La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar ha argumentado que “no cualquier acto o hecho jurídico que pueda aumentar el patrimonio de un servidor público es sancionable, sino solo aquellos actos realizados en el ejercicio de la función pública que tengan como objetivo el enriquecimiento ilícito”.
La FGR alega que el patrimonio de García Luna aumentó de manera “desproporcionada e injustificada” durante su período como servidor público entre 2000 y 2012, durante el cual se registró un incremento de 43 millones de pesos que no pudo ser justificado en sus declaraciones patrimoniales.
Por lo tanto, la FGR iniciará un proceso legal en su contra, alegando que el tribunal, compuesto también por los magistrados Alberto Torres Villanueva y Manuel Bárcena Villanueva, violó el artículo 224 del Código Penal Federal, que estaba vigente en el momento de las presuntas irregularidades. Esto se debe a que García Luna no pudo justificar sus ingresos durante ese período.
Además, el proceso también afectará al juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente rechazó la orden de aprehensión contra García Luna y quien también ha estado involucrado en otros casos de alto perfil.
A pesar de esta decisión, García Luna todavía enfrenta tres acusaciones pendientes en su contra, relacionadas con supuestas actividades ilegales durante su mandato como Secretario de Seguridad Pública. Una de ellas involucra a más de 50 personas, incluyendo a su esposa y hermanos, acusados de triangular más de cinco mil millones de pesos a través de contratos irregulares.
La segunda orden de aprehensión se relaciona con presuntas irregularidades en la construcción y operación de prisiones federales, que habrían causado un daño al erario público de más de 64 mil millones de pesos. La tercera acusación se refiere a su presunta participación en el caso “Rápido y Furioso”, en el cual se introdujeron armas de alto calibre procedentes de Estados Unidos en México para su seguimiento, pero que finalmente se perdieron.
