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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se prepara para debatir una iniciativa que podría tener un impacto significativo en el Poder Judicial. La propuesta, presentada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, busca la extinción de la gran mayoría de los fideicomisos del Poder Judicial, con el objetivo de transferir más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación, para que el Gobierno federal pueda utilizar esos recursos.
La iniciativa argumenta que esta medida no afectaría la estabilidad laboral ni las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. El proyecto propone que solo se mantengan los fondos y fideicomisos contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que conllevaría la extinción de 13 de los 14 fideicomisos actualmente existentes.
Hace algunos días, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena dio a conocer este proyecto de iniciativa para “eliminar los fideicomisos multimillonarios” del Poder Judicial. El documento sugiere modificar el Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estableciendo que no se podrán crear ni mantener otros fondos o fideicomisos adicionales en el ámbito del Poder Judicial.
Según la exposición de motivos, los recursos de los fideicomisos que se eliminarían deberán primero pasar a la tesorería del Poder Judicial y, posteriormente, ser transferidos a la Tesorería de la Federación. El proyecto también subraya que los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, deben ser entregados a las unidades administrativas encargadas de la tesorería en los órganos del Poder Judicial, que, a su vez, deberán transferir la totalidad de esos recursos a la Tesorería de la Federación.
El líder parlamentario de Morena y aspirante a la gubernatura de Puebla, en relación con la iniciativa, afirmó que la Ley Federal de Presupuesto permite al Poder Judicial tener fideicomisos, pero únicamente aquellos relacionados con el fortalecimiento del objetivo constitucional de garantizar la justicia o la implementación de reformas.
En este contexto, la propuesta busca canalizar los recursos hacia la reforma del sistema de justicia penal acusatorio, el juicio oral y la reforma laboral. Los fideicomisos restantes, argumenta, carecen de justificación. De los 14 fideicomisos existentes, que suman cerca de 22 mil millones de pesos, solo uno está respaldado por la ley, mientras que los demás operan al margen de la legislación vigente.
Además, se señala que el presupuesto de la Judicatura Federal destina recursos considerables, pero se argumenta que aún no se logra una adecuada administración de justicia. Se menciona que el Fideicomiso de la Suprema Corte tiene un tamaño considerable y recibe más de mil 500 millones de pesos del presupuesto anual, lo que se traduce en ingresos directos de más de 10 millones de pesos al año para cada uno de los ministros, destinados a servicios personales y gastos generales relacionados con ellos.
