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LO ESENCIAL
La solicitud de licencia temporal presentada por Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa no ha satisfecho a la oposición, que este sábado exigió su desafuero para que enfrente judicialmente las acusaciones del gobierno estadounidense sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El mandatario pidió separarse del cargo por 30 días mediante un video difundido en redes sociales, argumentando que actuaba desde su "profunda convicción republicana" y para facilitar la investigación de autoridades mexicanas.
La medida fue aprobada el mismo sábado por el Congreso estatal, aunque sin el respaldo de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y el PRI, que consideran insuficiente la licencia ante la gravedad de los señalamientos.
CONTEXTO
La controversia estalló el jueves previo, cuando Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y nueve personas más de tener nexos con la organización criminal. La Fiscalía General de la República anunció entonces una investigación propia.
En su mensaje, el gobernador en licencia señaló que la separación del cargo buscaba "facilitar la actuación de las autoridades mexicanas" durante el proceso de indagatoria que enfrenta.
La postura de la oposición sinaloense pone presión sobre el Congreso local para que active el procedimiento de desafuero, figura que permitiría someter al exmandatario a proceso penal sin la protección del fuero constitucional.
EN PERSPECTIVA
El caso coloca a Sinaloa en una crisis política sin precedentes recientes, con un gobernador ausente del cargo por primera vez en su administración y bajo escrutinio binacional por presuntos lazos con el narcotráfico.
La respuesta de las instituciones mexicanas —tanto la investigación de la fiscalía como la decisión del Congreso sobre el desafuero— será determinante para definir la suerte po
Etiquetas: Rubén Rocha Moya, Sinaloa, desafuero, Cártel de Sinaloa, corrupción política, fiscalización, Movimiento Ciudadano, PRI
