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Un conflicto por la invasión de tierras en Tláhuac, Ciudad de México, ha tomado un giro violento después de que invasores intentaran construir viviendas en tierras que fueron ocupadas a mediados de octubre. Este intento provocó un enfrentamiento armado entre los ejidatarios, dueños legítimos de las tierras, y aquellos que pretendían construir en ellas.
La tierra en cuestión pertenece a la ejidataria Leonor Chirinos y está ubicada en la zona conocida como El Arco, en el pueblo de San Francisco Tlaltenco. A pesar de ser tierras designadas para la conservación ecológica, invasores han estado construyendo viviendas en el área.
Leonor Chirinos, de 68 años, visitó su propiedad para revisar un criadero de lombrices que preparaba para usar en su tierra cuando descubrió que los invasores habían construido más estructuras en su terreno. El número de personas invadiendo la tierra había aumentado. Chirinos los confrontó y les exigió que abandonaran el lugar.
Ante la creciente ocupación ilegal de terrenos, los ejidatarios que aún conservan sus tierras han decidido unirse para defenderlas. Como resultado, se han enfrentado a los invasores, que respondieron con disparos.
A pesar de llamar al número de emergencias 911 y solicitar ayuda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía tardó dos horas en llegar y los agresores habían huido. Las autoridades no consideraron que la portación de armas y los disparos fueran delitos.
Los ejidatarios afirman que los ocupantes de tierras están vinculados al Frente Popular Francisco Villa y los acusan de ocupar tierras ilegalmente sin enfrentar consecuencias debido a su presunta protección por parte de las autoridades de la alcaldía Tláhuac y del gobierno de la Ciudad de México.
Los pobladores han señalado que las autoridades podrían confirmar la ocupación ilegal con solo realizar una inspección en la zona, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y donde la construcción de viviendas está prohibida por la ley. Los ejidatarios aseguran que los invasores marcan sus terrenos con sus siglas y, en ocasiones, incluso reciben servicios como el suministro de agua a través de pipas cuando surgen conflictos en la zona.
El conflicto ha dejado a San Francisco Tlaltenco, una región sin ley, en la que los habitantes se ven obligados a hacer justicia por mano propia debido a la falta de intervención de las autoridades. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia ha recibido al menos 150 denuncias relacionadas con la ocupación ilegal de tierras en terrenos de aproximadamente 2,500 metros cuadrados que fueron arrebatados a sus legítimos dueños, quienes solían cultivar calabaza y amaranto en el área.
