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En una decisión que genera división en el Congreso, los diputados han aprobado una reforma a la Ley General de Salud para regular la objeción de conciencia. Sin embargo, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) han votado en contra de esta medida.
El PAN anticipa que esta reforma podría llevar a presentar demandas de amparo, ya que sienten que criminaliza y deja en una posición vulnerable al personal de salud. La reforma establece que el derecho de objeción de conciencia debe ser autorizado por las autoridades de Salud, y no se permitirá a los objetores si no hay suficientes profesionales médicos no objetores disponibles.
La reforma define la objeción de conciencia como el derecho individual de los profesionales médicos y de enfermería adscritos al Sistema Nacional de Salud para abstenerse de realizar un acto médico legalmente aprobado y jurídicamente exigible cuando lo consideren incompatible con sus creencias religiosas, principios morales o conciencia ética.
El derecho solo será aplicable a los trabajadores de la salud que participen directamente en los procedimientos médicos sujetos a objeción y requerirá que notifiquen a la institución donde prestan servicios para ejercerlo. Sin embargo, se establecen excepciones, como cuando esté en peligro la vida del paciente, se trate de una urgencia médica o implique una carga desproporcionada para el paciente.
Además, el derecho no será procedente si no hay suficiente personal médico o de enfermería no objetores disponible. Esta medida ha generado un debate sobre el equilibrio entre los derechos de los profesionales de la salud y la atención a los pacientes.
