Cerca de 20 mil #Tortillerias en México se ven afectadas por el pago de #Extorsiones según lo informado por el Consejo Nacional de la Tortilla.

Estos negocios, de los más de 130 mil que existen en el país, deben desembolsar entre dos mil 500 y tres mil 500 pesos semanalmente a diferentes grupos delictivos para que les permitan operar. Esta práctica no solo pone en peligro la estabilidad de estos negocios, sino que también influye directamente en el precio de la tortilla que los consumidores adquieren. De hecho, se estima que al menos un 15% del aumento en el precio de la tortilla en algunas regiones se debe a los costos generados por estas extorsiones.

Esta problemática ha ido en aumento en los últimos seis años, y su impacto se extiende por todo el país. Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Veracruz son algunas de las entidades más afectadas por este tipo de delitos relacionados con la delincuencia organizada. La extorsión se ha convertido en una práctica común en estas áreas, y los negocios se ven obligados a pagar cuotas o incluso a adquirir insumos específicos a precios elevados dictados por los grupos delictivos. La falta de seguridad y la complicidad de algunos sectores de la policía local agravan la situación.

En lo que va de la administración actual, el precio promedio del kilo de tortilla a nivel nacional ha aumentado en un 60%, lo que equivale a más de 8.50 pesos. Esta tendencia se relaciona con lo que padecen los productores agropecuarios en todo el país, ya que trasladan los costos de las extorsiones y el derecho de piso a los consumidores finales. La inseguridad afecta no solo a las tortillerías, sino a toda la cadena productiva.

Además de los aumentos en los precios, esta problemática ha llevado al cierre de al menos un 3% de las tortillerías en el país en los últimos años, lo que representa aproximadamente cuatro mil establecimientos, según datos del CNT. La violencia y las amenazas de grupos delictivos han obligado a algunos dueños de negocios a abandonar sus establecimientos. En casos extremos, algunos grupos criminales reaccionan con bombas molotov o disparos en las tortillerías.

Esta situación plantea un grave problema no solo para los negocios, sino también para la seguridad alimentaria de la población y la economía en general. La necesidad de abordar la extorsión y la delincuencia organizada se vuelve imperativa para garantizar la estabilidad y el bienestar en el país.