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El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lanzó críticas hacia defensores de derechos humanos, sugiriendo su involucramiento en la liberación de presuntos responsables en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En una conferencia en Palacio Nacional, cuestionó a los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., así como al senador Emilio Álvarez Icaza, acusándolos de facilitar la liberación de implicados.
Durante el análisis del caso Ayotzinapa, el presidente detectó aspectos “inusuales” que le llevaron a suponer que los defensores de derechos humanos buscaron respaldar a los culpables, perjudicar al Estado mexicano y desestabilizar algunas instituciones. AMLO expresó su deseo de abordar este tema y cuestionar a los defensores para entender las razones detrás de la búsqueda de la liberación de los acusados.
En su conferencia matutina, López Obrador mencionó la existencia de un “pacto del silencio” y otros elementos que dificultaron el esclarecimiento de los hechos. Destacó la importancia de indagar por qué algunos defensores de derechos humanos abogaron por la liberación de los acusados, pidiendo a los auténticos defensores de derechos humanos en el movimiento revisar estos aspectos.
El presidente reveló que mantiene comunicación con los padres de los estudiantes desaparecidos y anunció una próxima reunión entre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y los familiares de las víctimas. El objetivo sería explicar la sentencia que dejó en libertad a algunos implicados en la desaparición de los jóvenes, señalando la intervención de defensores de derechos humanos en el proceso jurídico.
AMLO expresó su intriga por la falta de exigencia por parte de los defensores de derechos humanos para responsabilizar a los autores de la “verdad histórica”. Criticó que, a pesar de la demanda de los padres y abogados de las víctimas, los defensores no abogaran por castigar al exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam, y al encargado de la investigación, Tomás Zerón.
Además, López Obrador resaltó que los defensores de derechos humanos no demandaron responsabilidad a quienes inventaron la “verdad histórica”. Señaló sorpresa por la actitud de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes, mientras asesoraban a los padres, no exigieron el castigo de los responsables de dicha versión histórica.
El presidente cuestionó la aparente contradicción de los defensores, quienes, a pesar de abogar por justicia, también defendieron a algunos acusados argumentando tortura. Señaló que los detenidos originalmente, bajo la alegación de tortura, fueron defendidos por los mismos defensores de derechos humanos, logrando su liberación, a pesar de evidencias de su participación en la desaparición.
Finalmente, AMLO acusó a los abogados que gestionaron la liberación de los implicados, así como al fiscal especial del caso Ayotzinapa, de tener vínculos con el senador Emilio Álvarez Icaza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo perteneciente a la OEA. También mencionó su sorpresa al constatar que los defensores de derechos humanos no permitían un diálogo directo entre su Gobierno y los padres de las víctimas.
