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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México admitió oficialmente la existencia de fallas recurrentes en sus puntos de revisión y accesos, al permitir el ingreso de pasajeros con pases de abordar incorrectos o incluso correspondientes a otros aeropuertos. El reconocimiento quedó asentado en documentos internos del propio AICM, actualmente bajo control de la Secretaría de Marina, y exhibe deficiencias elementales en el principal aeropuerto del país.
De acuerdo con la información oficial, en los nueve puntos de inspección distribuidos entre las terminales 1 y 2, el personal de seguridad privada revisa los pases de abordar únicamente de forma visual, tanto en formato físico como digital. No existe ningún sistema tecnológico que valide la autenticidad de los documentos, lo que abre la puerta a errores constantes y a riesgos operativos que han sido tolerados durante años.
El propio aeropuerto reconoce que este método provoca lentitud en los accesos, acumulación de personas en los filtros de seguridad y retrasos en el proceso de abordaje. Además, se han documentado de manera reiterada casos en los que pasajeros ingresan a terminales equivocadas o con pases que no corresponden a vuelos del AICM, una situación particularmente delicada en términos de seguridad aeroportuaria.
Ante estas deficiencias, el AICM lanzó una licitación para adquirir 40 equipos tecnológicos de validación de pases de abordar, con un costo total de 40 millones de pesos. El contrato fue adjudicado de manera directa a la empresa Dr México S.A. de C.V., decisión que también ha despertado cuestionamientos por el uso de este mecanismo en un proyecto sensible y de alto impacto.
Según el contrato, los nuevos dispositivos deberán contar con validación automatizada, consulta en tiempo real de bases de datos de vuelos, biometría facial y supervisión centralizada. Es decir, funciones básicas que el aeropuerto nunca implementó pese a manejar millones de pasajeros al año, y que ahora se intentan resolver con una inversión millonaria tras reconocer públicamente los errores.
El AICM también estableció cláusulas de garantía por un año y tiempos de respuesta ante fallas críticas de hasta cuatro horas, así como protocolos en caso de incidentes de ciberseguridad. Sin embargo, el caso vuelve a exhibir una constante en la administración federal: primero se permiten rezagos operativos graves, luego se reconocen oficialmente y finalmente se corrigen a golpe de contratos millonarios, sin que nadie asuma responsabilidades por los años de improvisación en una de las infraestructuras más estratégicas del país.
