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Especialistas señalan que la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría reducir la vulnerabilidad de México ante las fluctuaciones en los precios internacionales de la energía, pero conlleva riesgos significativos.
Arturo Carranza, analista del sector energético, sugiere que fortalecer a la CFE puede ser beneficioso para reducir la exposición del país a vulnerabilidades geopolíticas, pero advierte que la vía legal de una reforma constitucional podría no ser la más adecuada. Propone un enfoque administrativo para mejorar las capacidades de la empresa estatal.
La modificación al artículo 25 constitucional, que propone transformar a la CFE en una empresa pública, podría cambiar el panorama corporativo y legal de la empresa, afectando la toma de decisiones y la transparencia de sus operaciones. Además, las modificaciones al artículo 27 y al artículo 28 podrían limitar la participación del sector privado y alterar el equilibrio en el mercado eléctrico mayorista.
Ramses Pech, otro especialista en energía, advierte sobre los riesgos de eliminar órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), lo que podría generar conflictos de intereses y afectar la certeza jurídica en el sector.
La incertidumbre generada por estas reformas también podría impactar negativamente la llegada de inversiones al sector energético, retrasando la adopción de tecnologías más limpias y renovables. Además, existe la posibilidad de que estas medidas pongan fin al T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, lo que tendría consecuencias económicas significativas para México.
En resumen, mientras que la propuesta de reforma energética podría tener beneficios en términos de seguridad energética, también plantea serios desafíos y riesgos para la economía y el futuro del país en el ámbito internacional.
