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Los partidos de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), han alzado la voz en contra de la controvertida Ley Anti Amparo que propone Morena, la cual pretende frenar las impugnaciones a reformas constitucionales eliminando amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad.
El senador Clemente Castañeda, líder de MC, no se guardó nada y tildó esta reforma de “la más peligrosa en la historia”. Subrayó que su verdadero objetivo es bloquear las impugnaciones relacionadas con la reforma del Poder Judicial. “Esto dejaría a los ciudadanos sin herramientas para defender sus derechos constitucionales”, alertó, añadiendo que el régimen podría actuar sin un control judicial.
A esta crítica se unió la senadora Guadalupe Murguía, jefa del PAN en la Cámara alta, quien denunció que esta reforma es un intento autoritario para desmantelar los contrapesos y vulnerar los derechos constitucionales sin dar la oportunidad de defensa.
Murguía destacó que esta propuesta contradice compromisos internacionales y debilita la salvaguarda de los derechos humanos en el país.
En el ámbito del PRI, los senadores Manuel Añorve y Alejandro Moreno también manifestaron su oposición a la Ley Anti Amparo. Añorve describió la iniciativa como un “atropello” al proceso legislativo y al sistema judicial, asegurando que viola el principio de no retroactividad y que busca consolidar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, lo que compromete gravemente la seguridad jurídica del país. Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, fue contundente al calificar la reforma de “locura”, afirmando que lo que intenta hacer el oficialismo es un atropello no solo a la ley, sino también al proceso legislativo.
Los partidos opositores coincidieron en que esta reforma amenaza el equilibrio de poderes y representa una grave regresión democrática en el país.
¿Y qué propone la Ley Anti Amparo? El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, presentó la iniciativa en el Pleno del Senado, argumentando que las reformas a la Constitución son “la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México” y, por ende, no deberían estar sujetas a control judicial a través de juicios de amparo.
López, exsecretario de Gobernación, aseguró que el Poder Judicial debe interpretar y aplicar la Constitución, pero no modificarla. Según la propuesta, cuando la reforma se implemente, “se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos y cualquier otro ordenamiento normativo”.
Esta controversia surge después de que la jueza federal Nancy Juárez Salas anulara el decreto de la reforma, al considerar que las autoridades no acataron una suspensión provisional dictada el 12 de septiembre.
La iniciativa fue elaborada por los legisladores morenistas Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, junto con el propio López Hernández, quienes sostienen que es crucial proteger las reformas constitucionales de cualquier tipo de control jurisdiccional.
