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En una polémica decisión, la Cámara de Representantes de Texas aprobó la Ley SB4, que tipifica como delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera. La nueva ley, respaldada por los republicanos, impone penas de hasta 20 años de prisión para aquellos extranjeros que no cumplan con la orden de regresar a suelo mexicano emitida por un juez estatal.
La medida ha generado preocupación en México, que ha expresado su inquietud por el impacto en los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas. El gobierno mexicano reconoce el derecho soberano de cualquier país a decidir sus políticas, pero rechaza contundentemente medidas que permitan a autoridades estatales detener y retornar a personas a territorio mexicano.
La Ley SB4 provocó una respuesta firme por parte del gobierno mexicano, que denunció que estas normativas fomentarán ambientes hostiles y podrían derivar en actos o crímenes de odio contra las comunidades migrantes. Además, rechazaron cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respetar el debido proceso.
Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruyó a las representaciones consulares en Texas a intensificar sus encuentros con autoridades, legisladores y grupos de derechos civiles. También se llevarán a cabo jornadas informativas, se ofrecerá asesoría legal y migratoria gratuita, y se reforzará la vinculación con la comunidad mexicana.
México asegura que mantendrá sus esfuerzos con Estados Unidos para abordar los fenómenos migratorios y estará atento para responder a cualquier violación por parte de las autoridades, explorando incluso apoyar litigios estratégicos para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes.
