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Durante las Jornadas por la Paz realizadas en el jardín municipal de Ixmiquilpan, habitantes del Valle del Mezquital aprovecharon el espacio para hablar fuerte y claro sobre los problemas que les afectan todos los días: falta de medicinas, violencia contra las mujeres y abusos cometidos bajo el pretexto de los Usos y Costumbres.
El evento contó con la presencia de varias autoridades como la subsecretaria de Gobierno Bertha Miranda Rodríguez, el alcalde Emanuel Hernández Pascual, el secretario de Agricultura Napoleón González Pérez, el delegado de Gobernación Luciano Cornejo Barrera y la diputada local Cynthia Delgado Mendoza, entre otros.
Una de las denuncias más urgentes vino de parte de Brenda Dionisio Pérez, delegada de la comunidad El Huacri. Contó que en su localidad llevan tres semanas sin médicos, lo que pone en riesgo a niños y personas adultas enfermas. Antes los atendían en Zimapán, pero ahora los mandan a Ixmiquilpan… y allá tampoco hay quién los reciba. “¿Quién nos va a atender?”, cuestionó con enojo.
Otra voz que se hizo escuchar fue la de Leticia Ortiz Palma, madre que lleva tiempo sin poder ver a sus hijos. Denunció que en el municipio no hay abogados que representen a las mujeres, y que la instancia de atención femenina prácticamente no existe para casos legales como el suyo.
Lo mismo le pasó a Yuridia Huerta Pérez, quien desde agosto del año pasado ha pedido apoyo legal y nadie le da seguimiento a su caso de violencia. “Han cambiado al abogado varias veces, y por eso he perdido la oportunidad de hacer promociones en mi juicio”, lamentó.
Otro punto fuerte fue el tema del abuso en los Usos y Costumbres. Emeterio Charrez Mezquite expuso que en varias comunidades los delegados exigen pagos excesivos por servicios básicos como agua o luz. “Si alguien no coopera con las faenas o con las reglas, le cobran hasta 40 mil pesos por el servicio de energía eléctrica o para tener agua potable”, denunció. Incluso, aseguró que hay que pagar hasta para tener acceso al panteón cuando muere un familiar.
También se tocó el tema del agua potable, donde la delegada Rocío Calva expuso que el 20% de su comunidad no tiene acceso al líquido vital. Aprovechó para exigir que se ponga personal capacitado en las instancias legales. “La licenciada que me tocó no sabía cómo ayudarme, y mis hijos están con una persona con adicciones. ¿Quién defiende sus derechos?”, expresó con preocupación.
Las quejas vienen desde marzo, cuando varias comunidades ya habían sostenido una mesa de diálogo con autoridades estatales, pero hasta ahora nadie ha cumplido lo prometido.
Así, con pancartas, palabras y muchas ganas de ser escuchados, los habitantes de Ixmiquilpan dijeron lo que viven a diario: la falta de atención médica, la ausencia de justicia para las mujeres y el abuso de poder en las comunidades. ¿Será que esta vez sí los escuchan?
