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El presidente López Obrador decretó que la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen, será parte de una nueva Área Natural Protegida. El decreto busca frenar las actividades extractivas en la zona, justificando la medida en el daño ambiental causado. Esto ha generado tensiones con Estados Unidos, donde senadores republicanos y demócratas pidieron sanciones. Vulcan, por su parte, ha iniciado un arbitraje internacional contra México, reclamando afectaciones por más de 1,500 millones de pesos.
Desde julio, AMLO criticó a la empresa por no llegar a un acuerdo y advirtió que la clausura sería definitiva para evitar la explotación del territorio. La mina Calica ha generado preocupación por su impacto en cuerpos de agua subterráneos y flujos hídricos, afectando el equilibrio ecológico de la región.
El conflicto con Vulcan ha escalado desde 2018, cuando la empresa inició un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), reclamando restricciones impuestas por el gobierno mexicano que limitan sus operaciones. Las disputas comenzaron en 2009, cuando se modificó el uso de suelo de sus predios, lo que impidió continuar con las actividades mineras.
Vulcan también enfrenta la cancelación de permisos para operar su muelle Punta Venado, desde donde exportaba material hacia Estados Unidos. Aunque la empresa aún no ha especificado la magnitud del reclamo económico tras el reciente decreto, se espera que este conflicto tenga un impacto considerable en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.
