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El presidente Andrés Manuel López Obrador procedió a publicar la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a pesar de que un tribunal en Colima había emitido una suspensión. Este acto ha generado controversia legal, pues abogados y activistas, como los de la Fundación Iris, argumentan que al hacerlo, AMLO habría violado una orden judicial. Según especialistas, esta violación podría considerarse un delito, aunque hasta ahora la Fiscalía General de la República no ha intervenido para investigar o sancionar al mandatario por la presunta falta.
El abogado constitucionalista Arturo Pueblita señaló que la publicación de la reforma en estas condiciones podría ser impugnada, poniendo en riesgo su validez. La oposición ha acusado al gobierno de actuar de manera arbitraria, ignorando el Estado de derecho y socavando la separación de poderes. Este hecho ha añadido tensión a la ya polarizada relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en México.
Los críticos argumentan que la decisión de López Obrador demuestra una falta de respeto por las instituciones y por los mecanismos legales que buscan garantizar un proceso justo y transparente en la implementación de reformas. Sin embargo, los defensores del presidente aseguran que la reforma judicial es necesaria para modernizar el sistema de justicia en el país y que no debía retrasarse por una suspensión que consideran infundada.
La controversia ha reavivado el debate sobre el papel de las cortes en México y la capacidad del Ejecutivo para avanzar con su agenda, incluso cuando enfrenta desafíos legales.
