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En sesión reciente, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo ha aprobado una importante reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esta modificación extiende el mandato de la Junta de Gobierno a tres años, con el objetivo de mejorar la estabilidad y la continuidad en las labores legislativas.
La reforma, impulsada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, también busca fortalecer la estructura del Congreso y regular sus actividades de manera más eficiente. Se enfoca en la implementación del Programa Institucional de Acciones Afirmativas para la Implementación de la Perspectiva de Género, así como en la promoción de ambientes laborales libres de acoso y hostigamiento sexual.
Las y los legisladores destacaron que esta medida representa un avance significativo hacia la consolidación democrática del estado. Además, subrayaron el compromiso de seguir trabajando con transparencia, inclusión y responsabilidad para representar efectivamente las voces de todas y todos los hidalguenses.
Esta Legislatura, reconocida como la Legislatura de la Inclusión, ha implementado diversas acciones para cumplir con estándares de igualdad laboral y no discriminación. Esto incluye reformas orientadas al uso de lenguaje incluyente y no sexista, así como al fortalecimiento de normas que reflejen valores democráticos fundamentales.
Entre los cambios contemplados en la reforma se encuentra la organización interna de la Junta de Gobierno, que ahora incluirá una Presidencia, una Secretaría y vocalías con una duración de tres años, alineada con el período legislativo.
En términos prácticos, la Presidencia de la Junta de Gobierno será ocupada por el líder del grupo legislativo con la mayor representación en el Congreso, mientras que la Secretaría corresponderá al segundo grupo político más numeroso. Las vocalías estarán distribuidas entre los demás grupos legislativos y, en su caso, representaciones partidistas.
Esta reforma no solo busca modernizar la estructura legislativa de Hidalgo, sino también garantizar que las decisiones tomadas reflejen un enfoque de género y derechos humanos, asegurando así un marco legislativo más inclusivo y equitativo para todos los ciudadanos del estado.
