A pesar de los esfuerzos realizados para corregir las deficiencias que llevaron al desfalco millonario en los primeros años de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), documentos recientes revelan nuevas anomalías y debilidades administrativas y de control interno en la paraestatal y sus entidades afiliadas, Liconsa y Diconsa.
Según informes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se han encontrado inconsistencias por más de 700 millones de pesos en contrataciones, problemas en el control y ejercicio de recursos fiscales, y deficiencias en los procedimientos para el cumplimiento de los programas institucionales.
En una auditoría externa a los estados financieros de Diconsa correspondientes a 2022, se identificaron incumplimientos de control interno, aumentando el riesgo de no detectar fraudes, según los auditores. Entre las irregularidades señaladas por la SFP se encuentra la necesidad de aclarar el destino de 699 millones de pesos utilizados en contrataciones para el traslado de mercancías en 2022.
El Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP fiscalizó el gasto corriente de Segalmex por 2 mil 717 millones de pesos en 2022, señalando la contratación de servicios para el transporte de maíz sin la entrega de documentos que acrediten el cumplimiento de los servicios pagados.
Revisiones adicionales revelaron posibles irregularidades en el uso de recursos fiscales, falta de claridad en el ejercicio de fondos públicos destinados al almacenamiento de maíz y deficiencias en contratos para el traslado de leche, entre otras anomalías financieras.
En Diconsa, una revisión de los estados financieros de 2022 reveló la falta de documentación actualizada del sistema de control interno, aumentando el riesgo de errores o distorsiones no detectadas. Se destacaron debilidades significativas en los procesos de control y registro, y se recomendó restablecer el sistema de control interno para prevenir incorrecciones materiales en los estados financieros.