Desde este 9 de enero, todas las líneas de telefonía móvil en México deberán estar asociadas a una persona física o moral, como parte de una medida del Gobierno Federal para combatir delitos como extorsión, fraude y secuestro.

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advirtieron sobre posibles violaciones a la privacidad y riesgos para los datos personales de los usuarios.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que este registro fortalece un sistema de vigilancia con amplias facultades y pocas salvaguardas. Pepe Flores, director interino de la organización, señaló que las personas se ven obligadas a entregar sus datos para no perder su línea telefónica.
“Los usuarios enfrentan la disyuntiva de entregar su información personal o quedar excluidos del servicio”, explicó en entrevista.

Para mantener activa una línea, las personas físicas deberán presentar identificación oficial (INE o pasaporte) y CURP antes del 30 de junio de 2026. En el caso de personas morales, será necesario el RFC. El trámite aplica para compañías como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.
R3D también advirtió que las autoridades podrán solicitar información a las empresas telefónicas sin orden judicial, lo que podría afectar especialmente a periodistas, activistas, personas migrantes y opositores.
Además, el organismo duda que la medida reduzca la incidencia delictiva y anticipa un posible aumento en el robo de celulares para cometer ilícitos.
💬 Combatir el delito no debería significar poner en riesgo la privacidad de millones. 📵🔍
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