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En Santa Tecla, este sábado la Fiscalía General de El Salvador reportó la captura de Enrique Anaya, un abogado especializado en derecho constitucional que siempre ha sido una voz fuerte contra el presidente Nayib Bukele. Lo acusan de lavado de dinero y activos, y próximamente será llevado ante la justicia.
Anaya no es cualquier abogado, es conocido por llamar a Bukele “dictador” y criticar sin pelos en la lengua su proyecto de reelección presidencial, la cual considera totalmente ilegal y contraria a la Constitución salvadoreña. En noviembre de 2023, incluso le dijo a BBC Mundo que la forma en que Bukele buscó mantenerse en el poder con una licencia de seis meses fue un “fraude a la Constitución”.
Este arresto es solo el último movimiento contra quienes se han atrevido a cuestionar al mandatario. El 18 de mayo fue detenida Ruth López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia en Cristosal, la ONG más fuerte en la defensa de los derechos humanos en el país. López enfrenta cargos por supuesto peculado, es decir, apropiación indebida de fondos públicos.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por esta ola de detenciones que incluye también a defensores comunitarios como José Ángel Pérez, pastor y líder cooperativo, y Alejandro Henríquez, abogado, ambos arrestados en mayo por presuntos delitos relacionados con desorden público y resistencia. La CIDH denunció que estos procesos judiciales podrían ser una forma de castigar a quienes defienden a personas afectadas durante el régimen de excepción y que denuncian abusos en las cárceles salvadoreñas.
Bukele, por su parte, ha respondido a las críticas con frases fuertes. En un discurso reciente dijo: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, refiriéndose al aumento de violencia antes de su gobierno.
Desde que en marzo de 2022 impuso el estado de excepción, Bukele ha podido tomar medidas extremas para combatir la violencia y las pandillas, conocidas como “maras”, lo que ha provocado controversia internacional por las condiciones en las que mantienen a miles de detenidos en la megacárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Así que, amiks, esta detención viene en medio de un contexto de tensión creciente entre el gobierno y los defensores de derechos humanos que no se callan, y que ahora se enfrentan a un gobierno que no está dispuesto a soltar el poder sin pelear.
