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El homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, volvió a poner bajo la lupa la violencia que enfrenta el sector agrícola en Michoacán, donde el crimen organizado mantiene una red de amenazas, extorsiones y asesinatos contra los líderes productores de limón.
El domingo 19 de octubre, Bravo salió de su domicilio en Morelia rumbo a Apatzingán para reunirse con agricultores locales. A pesar de contar con escoltas asignados por el gobierno estatal debido a las amenazas previas, decidió continuar solo parte del trayecto en una camioneta Toyota gris, dejando atrás a su personal de seguridad. Fue la última vez que se le vio con vida.
De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el fiscal estatal Carlos Torres Piña, el dirigente acudió a la comunidad de Cenobio Moreno, una zona dominada por grupos delictivos como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se presume que fue citado allí por intermediarios del crimen organizado y permaneció varias horas antes de perder contacto con su entorno.
Cámaras de seguridad registraron su vehículo de regreso a Apatzingán cerca de las 21:30 horas, aunque los peritajes indican que para entonces Bravo ya había sido asesinado. Su cuerpo fue hallado a la mañana siguiente dentro de la camioneta, con signos de tortura, un disparo en la cabeza y sin pertenencias personales. La escena había sido manipulada para simular un accidente o muerte espontánea, pero los análisis forenses confirmaron que el homicidio ocurrió al menos diez horas antes del hallazgo.
Horas después, la policía detuvo a Rigoberto N., alias El Plátano, señalado como presunto responsable intelectual del asesinato y vinculado a redes de extorsión a productores de cítricos en la región. En el momento de su captura, portaba dinero en efectivo, marihuana y varios teléfonos móviles, elementos que ahora forman parte de la investigación.
La familia Bravo no es ajena a la tragedia: el padre del dirigente fue asesinado en 2016 en circunstancias similares, evidenciando la impunidad con la que operan las células criminales en Tierra Caliente. Bernardo Bravo había denunciado presiones para manipular los precios del limón y negarse a pagar cuotas impuestas por grupos armados.
El crimen generó conmoción nacional y críticas hacia las autoridades por su incapacidad para garantizar la seguridad de los líderes agrícolas. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y prometió apoyo federal en la investigación, aunque productores locales sostienen que las promesas oficiales se repiten tras cada asesinato sin que la violencia ceda.
En Apatzingán, el miedo domina entre los citricultores. La muerte de Bravo es vista como una advertencia del poder que el crimen organizado sigue ejerciendo sobre la economía rural, mientras el Estado, pese a sus declaraciones, continúa ausente en la protección de quienes se atreven a desafiarlo.
