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En un documento reciente, la asociación de jueces de distrito y magistrados ha manifestado su oposición a la reforma judicial promovida por el presidente y la presidenta electa. La asociación propone realizar un estudio que exponga las razones de su desacuerdo, buscando aumentar el costo político de la reforma y responsabilizar a la presidenta electa por el desmantelamiento del Poder Judicial. Los jueces critican que la reforma intenta proteger privilegios y obstaculizar el mandato popular.
Acusan al Poder Judicial de ser conservador y no responder adecuadamente a la demanda de justicia. La propuesta incluye desacreditar a la presidenta electa y realizar un paro nacional como medidas de presión.
Los jueces y magistrados consideran que la reforma judicial es una amenaza para la independencia del Poder Judicial y argumentan que estas acciones son necesarias para defender la justicia en México. La controversia destaca la tensión entre los distintos poderes del gobierno y la dificultad de implementar cambios estructurales en el sistema judicial.
Además, la asociación critica que la reforma no aborda los problemas reales del sistema judicial y solo busca consolidar el poder del ejecutivo. La comunidad judicial está dividida sobre cómo responder a esta situación, pero muchos están de acuerdo en que es necesario un frente unido para enfrentar la reforma.
Este conflicto subraya la complejidad de equilibrar la independencia judicial con la necesidad de reformas. La respuesta de la asociación de jueces y magistrados refleja una profunda preocupación por el futuro de la justicia en México y la necesidad de proteger la integridad del Poder Judicial ante posibles interferencias políticas.
