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Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro en Playas de Tijuana dejó severos daños materiales y un mensaje inquietante sobre el avance de la violencia organizada en Baja California. El hecho ocurrió la noche del miércoles, alrededor de las 19:00 horas, y afectó vehículos oficiales y particulares sin que se reportaran víctimas.
De acuerdo con la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, los agresores emplearon artefactos de fabricación casera, compuestos por botellas de plástico cargadas con clavos, balines y fragmentos metálicos. Estos explosivos fueron lanzados desde una distancia considerable y detonados con pólvora, lo que provocó el impacto de los fragmentos sobre autos y muros del recinto. Aunque el fuego no se propagó ni hubo disparos, la escena reflejó un ataque planeado con precisión y una clara intención de intimidar.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que los proyectiles impactan la zona de estacionamiento, destruyendo vidrios y perforando la carrocería de varios vehículos pertenecientes al personal. La Fiscalía descartó la versión difundida en redes sociales sobre el uso de granadas o armamento militar, asegurando que se trató de explosivos hechizos, pero admitió que el ataque representa un desafío sin precedentes a la seguridad institucional.
Durante una conferencia de prensa en la madrugada, Andrade condenó el atentado y afirmó que la agresión busca frenar el trabajo de investigación de la dependencia, responsable de capturar a líderes criminales y desarticular grupos de alto poder operativo. Sin embargo, la magnitud del ataque evidencia la falta de control territorial de las autoridades y la facilidad con la que el crimen organizado opera incluso contra instalaciones del Estado.
El incidente también reavivó el debate sobre la creciente sofisticación de los grupos delictivos que emplean tecnología para evadir la vigilancia. El uso de drones para lanzar explosivos, una táctica más común en zonas de conflicto armado, expone el debilitamiento de los protocolos de seguridad locales y la incapacidad de los gobiernos estatal y federal para contener la escalada de violencia.
Tras el ataque, la Fiscalía de Baja California activó protocolos de emergencia y solicitó apoyo a corporaciones municipales, estatales y federales. A pesar del despliegue de seguridad, hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni se han reportado detenciones. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los habitantes de Tijuana, una ciudad donde la guerra del narco parece haber alcanzado un nuevo nivel de amenaza.
