En Hidalgo, la Contraloría está tomando medidas serias contra los servidores públicos que no entreguen a tiempo sus declaraciones patrimoniales. Esta inhabilitación es una sanción grave, ya que prohíbe a los implicados ser contratados en cualquier nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, incluyendo cargos de confianza y honorarios. Además, los inhabilitados no podrán ser proveedores ni prestadores de servicios, lo que afectaría gravemente su futuro profesional.

La principal razón de esta sanción es la falta de presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, según lo establece la Ley de Responsabilidades. La Contraloría tiene la facultad de sancionar a quienes incumplan, pero lo más importante es que, aunque sean inhabilitados, la obligación de presentar las declaraciones sigue vigente.
Cada vez que un servidor público es inhabilitado, esta acción queda registrada en el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, lo que ayuda a transparentar la información y garantiza que las decisiones de contratación se basen en los antecedentes reales de los postulantes. Las autoridades ahora pueden consultar estos registros a través de plataformas digitales, que incluyen no solo antecedentes penales, sino también cualquier falta administrativa.
Lo que no debe olvidarse es que la inhabilitación es independiente de las acciones judiciales o investigaciones adicionales que puedan estar en curso, como las que realiza la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Justicia Administrativa. ¡Así que estar en el radar de la Contraloría puede tener efectos muy serios! 🕵️♂️💼