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Las comisiones del Senado de la República aprobaron por unanimidad la reforma constitucional para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una decisión que el oficialismo presenta como histórica, pero que en los hechos aplaza su impacto real al establecer una implementación gradual que se extenderá hasta el año 2030.
Las modificaciones al artículo 123, apartado A, de la Constitución fueron avaladas con 48 votos de senadores de todas las fuerzas políticas, incluidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, partidos que previamente habían calificado la propuesta como una simulación, al no garantizar de forma explícita dos días de descanso semanales para los trabajadores.
Aunque el dictamen reduce formalmente la jornada semanal, mantiene ambigüedades clave. El texto no fija con claridad el esquema de descanso de cinco días de trabajo por dos de reposo, y deja abiertos márgenes de interpretación que, en la práctica, podrían perpetuar esquemas laborales extensos bajo una narrativa de cambio que no se refleja de inmediato en la realidad.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, acudió a una reunión con senadores de las comisiones dictaminadoras y defendió que la reforma implica semanas de cinco días laborales, al conservar jornadas diarias de ocho horas. Sin embargo, el propio diseño legal deja esa afirmación más en el terreno del discurso político que en una obligación jurídica clara y exigible.
Durante la discusión, senadores de oposición expusieron las inconsistencias del proyecto. Marko Cortés, del PAN, respaldó la reforma por los efectos del estrés laboral en la salud, pero cuestionó que se difiera su aplicación plena hasta 2030 y que no se contemplen apoyos reales para micro y pequeñas empresas, que serán las más afectadas por la transición.
Desde el PRI, Carolina Viggiano votó a favor, aunque advirtió que la reforma se queda corta al no garantizar primas adicionales en sábado y domingo, mientras que Movimiento Ciudadano señaló problemas más de fondo: la ausencia explícita de dos días de descanso, el cambio en el pago de horas extras y la postergación de beneficios inmediatos para los trabajadores.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre pasado, avanza así con un amplio respaldo legislativo, pero también con críticas crecientes por su carácter gradual y ambiguo. Para millones de trabajadores, la reducción de la jornada queda, por ahora, más como una promesa política a largo plazo que como un derecho efectivo en el corto plazo.
