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Un reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha arrojado luz sobre una preocupante omisión por parte de las Fuerzas Armadas en México: solo reportan el 20% de las detenciones que efectúan. Este hallazgo plantea serias cuestiones sobre su desempeño y su compromiso con los derechos humanos en el contexto de las operaciones de seguridad pública que llevan a cabo.
La organización internacional, en su informe titulado “Transformación militarizada”, alerta sobre el aumento de la militarización en México, tanto en el ámbito de la seguridad pública como en otros sectores. En este informe, se destaca que las Fuerzas Armadas no cumplen con la obligación legal de registrar todas las detenciones en el Registro Nacional de Detenciones (RND).
Según los datos recopilados por WOLA, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Secretaría de Marina reportaron un total de 9,366 detenciones en flagrancia delictiva en 2022. Sin embargo, al comparar estos números con los reportados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través del RND, solo se registraron 2,066 personas detenidas por las Fuerzas Armadas en el mismo período.
El informe señala claramente que existe un significativo subregistro de detenciones militares en el RND. Además, durante un período de tres meses entre febrero y mayo de 2023, menos del 1.5% de las detenciones realizadas por la Sedena fueron registradas de acuerdo con la ley.
En el caso de la Guardia Nacional (GN), WOLA identificó una situación inversa: el RND reporta más detenciones atribuidas a la GN de las que la propia GN menciona en sus informes. La SSPC informó que la GN detuvo a 6,040 personas en 2022, mientras que en su informe anual correspondiente a ese año, la GN menciona solo a 3,007 personas. Cuando se solicitó a la GN una explicación, proporcionaron información sobre 1,037 personas detenidas en 2022.
Estos hallazgos plantean interrogantes sobre la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las fuerzas de seguridad en México, lo que resalta la necesidad de una revisión más exhaustiva y un seguimiento más riguroso de sus acciones en relación con las detenciones y los derechos humanos.
