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El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, aseguró que no existen pruebas definitivas que confirmen las acusaciones por lavado de dinero que pesan sobre CIBanco e Intercam por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, Romano sostuvo que las observaciones hechas por la autoridad estadounidense aún están sujetas a verificación y podrían ser impugnadas judicialmente.
El señalamiento forma parte de un caso que ha puesto a tres instituciones mexicanas en el radar internacional: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Todas han sido objeto de sanciones por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), aunque el Departamento del Tesoro decidió postergar 45 días la entrada en vigor de las restricciones a transferencias de fondos. La nueva fecha límite será el 4 de septiembre.
Romano intentó minimizar el impacto, alegando que este tipo de señalamientos no son infrecuentes en la banca internacional. Sin embargo, la magnitud del caso y la participación directa de la FinCEN reflejan un nivel de alarma poco común. La intervención temporal del gobierno mexicano en la administración de estas entidades bancarias no solo no calmó las aguas, sino que reafirmó la seriedad del problema.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, dejó claro que Estados Unidos continuará aplicando medidas estrictas para blindar su sistema financiero frente a operaciones vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Subrayó que las acciones tomadas se derivan de una estrategia binacional para combatir el lavado de activos por parte de redes criminales transnacionales.
A pesar de las declaraciones de Romano sobre la solidez del sistema bancario mexicano, el episodio evidencia profundas grietas. El hecho de que las investigaciones puedan llegar a instancias judiciales en Estados Unidos refleja la posibilidad de consecuencias más severas para las entidades involucradas, así como el riesgo de daño reputacional para el conjunto del sector financiero mexicano.
Moody’s, por su parte, reconoció una disminución del riesgo operativo para CIBanco e Intercam tras la intervención gubernamental, pero la situación sigue siendo delicada. La percepción de vulnerabilidad y la falta de una respuesta firme por parte de las autoridades mexicanas alimentan la incertidumbre sobre la capacidad de supervisión financiera interna.
El caso se suma a una larga lista de tensiones entre reguladores estadounidenses y bancos mexicanos, donde las omisiones y la opacidad siguen siendo terreno fértil para que se filtren operaciones ilícitas. La expectativa ahora se centra en si el gobierno mexicano asumirá un rol proactivo o continuará limitado a respuestas reactivas frente a las decisiones que se tomen desde Washington.
