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La disputa comercial entre México y su principal socio comercial, Estados Unidos, ha alcanzado un punto crítico relacionado con el maíz transgénico.
Estados Unidos ha iniciado una contienda comercial contra México.
El peor escenario posible podría llevar a la imposición de aranceles costosos a las exportaciones mexicanas, particularmente en el sector agropecuario.
Tales sanciones arancelarias no solo afectarían a la economía mexicana, sino que también generarían inseguridad en los inversores.
En una perspectiva más favorable, el gobierno mexicano busca convencer a los árbitros internacionales designados para resolver la controversia y así evitar las sanciones.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, mantiene su confianza en los argumentos presentados.
Afirma que México cumple con los requisitos establecidos en el T-MEC y que sus políticas relacionadas con el maíz genéticamente modificado no impactan el comercio bilateral.
Estados Unidos exige pruebas científicas que respalden las políticas mexicanas, específicamente respecto a los supuestos daños a la salud humana causados por el maíz transgénico.
Tras una fase de diálogo técnico sin acuerdo, la Oficina de Representación Comercial de la Casa Blanca ha solicitado la instalación de un panel de solución de controversias.
A diferencia de otros desacuerdos, donde el panel de controversias no se convocó, esta vez Estados Unidos lo solicitó inmediatamente para el tema del maíz transgénico.
Esta acción va en contra de las expectativas de las autoridades mexicanas, quienes pensaban que las presiones provenientes de organizaciones empresariales y legisladores eran parte de un contexto político-electoral.
El Grupo de Consultoría sobre Mercados Agrícolas, liderado por Juan Carlos Anaya, había previsto esta solicitud.
En el periodo de consultas, las autoridades mexicanas no presentaron pruebas científicas que respaldaran la idea de que el maíz genéticamente modificado afecta la salud humana, animal o el medio ambiente.
Aunque el gobierno mexicano modificó ciertos decretos, el foco de preocupación radica en la creencia de que el maíz OGM daña la salud humana.
El proceso para definir el panel tomará 30 días para seleccionar a los panelistas y al presidente, seguido de 120 días para investigación, estudio y pruebas, y finalmente 30 días para el informe final.
En caso de perder, Estados Unidos podría aplicar aranceles a productos exportados por México, especialmente en el sector agroalimentario.
La implementación de estos aranceles podría comenzar en marzo de 2024.
Un escenario de este tipo tendría un impacto negativo considerable en la economía mexicana, coincidiendo con una esperada desaceleración económica.
El crecimiento de México está estrechamente ligado a la inversión y las exportaciones. Cualquier imposición arancelaria afectaría aún más un crecimiento ya frágil en el último año del mandato de López Obrador.
La posición inflexible del presidente en temas energéticos y del maíz transgénico continúa.
Ambos casos están marcados por una postura ideológica. Sería deseable que la perspectiva gubernamental cambie en beneficio de México y sus ciudadanos. El tiempo dirá.
