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En el centro de menores Francisco Legarra, que queda en Abasto, a unos 60 km de Buenos Aires, las puertas no tienen picaporte. No solo las que dan al exterior, sino también las que separan las distintas áreas internas del lugar están aseguradas. Cada puerta tiene manijas personales que solo usan los que no están privados de libertad: directivos, profesores y personal técnico. Solo ellos pueden moverse libremente por los pasillos que conectan las cinco habitaciones enrejadas donde conviven 28 adolescentes acusados de distintos delitos.
En uno de esos días frescos de otoño, Brian —un nombre falso para protegerlo— está en el parque del Legarra esperando su turno para jugar al fútbol. Tiene 17 años y ya es su tercera vez en un instituto de menores, donde van adolescentes que han roto la ley.
Brian recuerda como si fuera ayer la primera vez que lo agarraron: 6 de enero de 2023, con apenas 15 años. Fue detenido por un robo de auto agravado por usar un arma de fuego. “Estaba yo y otro amigo, en una moto, robando y nos atraparon”, cuenta sin rodeos.
Pero la historia de Brian empezó mucho antes. A los 12 años ya había empezado a robar, y a la par, probó la marihuana y pastillas. No recuerda exactamente qué fue lo primero que sustrajo, pero sí sabe que empezó con cosas pequeñas, “como cualquier chico que va creciendo… un kiosco, celulares, y más motos robadas”.
La realidad para Brian no ha sido sencilla: perdió a su papá antes de cumplir un año, vive en un barrio humilde a más de dos horas en transporte público del centro donde está detenido, y creció sin una figura adulta que lo acompañara porque su mamá se fue con parejas distintas y lo dejó al cuidado de su abuela.
Este joven, como muchos otros, representa el caso que hoy tiene en jaque a la política argentina: ¿debería bajarse la edad para ser juzgado penalmente? Actualmente, la ley establece que solo los mayores de 16 años pueden ser condenados, y los menores de esa edad, como Brian cuando empezó, quedan bajo medidas tuteladas, en centros no cerrados y con intervención judicial según la gravedad del delito y su contexto.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, con penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves, propuesta que espera discusión en el Congreso. La iniciativa cuenta con el apoyo de varios sectores políticos, incluido el gobierno y partidos como PRO, UCR y Coalición Cívica.
Pero, ¿qué dice la realidad? Según datos oficiales de 2022, en Argentina hay 4,437 menores detenidos en centros penales juveniles o con arresto domiciliario, frente a más de 3.5 millones de adolescentes entre 13 y 17 años. Eso representa solo el 0.1% de la población juvenil. Claudia Cesaroni, abogada y parte de la red Argentina No Baja, enfatiza que estos chicos que delinquen son una minoría y que el foco debería estar en garantizar derechos básicos para todos, como la educación y la alimentación, antes que solo castigar con más dureza a unos pocos.
Además, especialistas como Natalia Licardi, directora del Legarra, advierten que las instituciones están saturadas y no cuentan con recursos ni programas adecuados para rehabilitar a estos chicos. “Si solo bajas la edad pero no hay acompañamiento ni herramientas, lo único que haces es meter más jóvenes en un sistema que no está preparado”, dice.
Unicef también alerta que la privación de libertad puede ser dañina para la salud física y mental de los adolescentes y que, en muchos casos, el encierro favorece la reincidencia y la socialización de la violencia.
En cuanto a los llamados “motochorros” —los jóvenes que roban en moto a toda velocidad—, Brian y otros chicos son etiquetados con ese término en los medios, lo que contribuye a estigmatizarlos desde muy temprano. Según estudios, quienes reciben condenas siendo muy jóvenes suelen tener carreras delictivas más largas y complejas.
Brian reconoce que este lugar no es para nadie y que si hubiera más acompañamiento familiar y oportunidades, quizá su camino hubiera sido otro. “Menos necesidad y más apoyo podrían haber evitado que yo termine aquí”, confiesa.
Esta historia, como la de muchos otros chicos, prende el debate en Argentina sobre cómo debería ser el sistema penal juvenil y cuál es la edad adecuada para que un menor responda por sus actos ante la ley. Por ahora, la discusión sigue abierta y con muchas aristas que considerar.
