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La diputada Olga Luz Espinosa Morales, en representación del Partido de la Revolución Demócrata (PRD), ha presentado una propuesta para sancionar a servidores públicos que desvíen donaciones destinadas a damnificados. El objetivo es castigar esta conducta que menoscaba la confianza y la solidaridad de la ciudadanía hacia aquellos que sufren desastres.
La iniciativa busca modificar el artículo 60 Ter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de establecer que aquellos funcionarios públicos que, valiéndose de su posición, retengan, oculten o comercialicen bienes donados para atender las necesidades de afectados por siniestros, serán objeto de sanciones.
En el caso de que la falta administrativa grave reporte beneficios económicos, se impondrá una sanción económica que podría alcanzar hasta dos veces los beneficios obtenidos.
Adicionalmente, se propone la inclusión del artículo 72 Bis en la Ley General de Protección Civil, que especifica que la retención, ocultamiento o venta de productos donados para la atención de damnificados por cualquier tipo de siniestro será sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La propuesta, remitida a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Protección Civil y Prevención de Desastres para su dictamen, resalta casos en los cuales servidores públicos han desviado, ocultado y comercializado donaciones en especie.
La mayoría de los funcionarios públicos involucrados en estas conductas han quedado impunes, ya que las leyes vigentes de responsabilidades administrativas y protección civil no contemplan este escenario.
El documento destaca la facultad otorgada por la fracción XXIX-I del artículo 73 de la Constitución Política al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación en materia de protección civil. Además, subraya que la conducta de los servidores públicos está contemplada en el artículo 127 de la Constitución, que establece que deben recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por su desempeño.
A pesar de ello, la legisladora argumenta que la legislación actual resulta insuficiente para disuadir a los funcionarios públicos de hacer mal uso de los recursos provenientes de donativos destinados a ayudar a los damnificados. Por lo tanto, enfatiza la necesidad de actualizar la ley para prevenir conductas indebidas por parte de los responsables del acopio y distribución de donaciones y apoyos para personas afectadas por desastres.
